Gilberto Rincón Gallardo

La seguridad parece haberse convertido en el centro del debate nacional. Todas las discusiones públicas versan sobre ese tema o acaban relacionadas con él. Hasta la elusión del mismo se muestra como una forma de tomar una posición ante el problema. De hecho, aun en tiempos de dificultades económicas y de otros múltiples problemas sociales acumulados y rezagados, el de la seguridad ha organizado nuestra agenda pública.

No es para menos. La crisis de la seguridad en México es de tales dimensiones que ninguna acción gubernamental, por muy efectiva que sea, parecerá adecuada y positiva si no se resuelve antes, o al mismo tiempo, ese tema. Pero justamente porque la seguridad es un problema social de primer orden, no deberíamos olvidar que existen enfoques de ella que son adecuados para una sociedad democrática y garantista y otros que chocan con ese tipo de sociedad.

El derecho a la seguridad es un derecho del individuo. Se trata de una prerrogativa de carácter liberal o constitucional, es decir, de un derecho de la persona que debe ser garantizado de manera incondicional por el Estado, como expediente para la legitimidad de éste. No se trata de una concesión gubernamental ni de un bien selectivo ni de una prestación condicionada a la existencia de recursos o de voluntad política, sino de un derecho fundamental y, por ello, incondicionado.

No deja de asombrar que en momentos como el actual, cuando buena parte de la sociedad reclama seguridad sin más, todavía escuchemos algunas voces que vean en ello cierta presión clasista o la búsqueda de protagonismo o de privilegios. Es cierto que en la sociedad que vivimos hay voces que se escuchan más que otras y que ciertos crímenes, como el sufrido por el niño Fernando Martí, tienen más alcance informativo que otros igualmente inaceptables, pero ese hecho, que debería ser discutido en otro contexto, no le quita un ápice de justicia a la demanda social de que nuestros gobiernos respondan a la ciudadanía en tan delicada materia.

Una cosa es la manera en que se plantea en la agenda nacional una prioridad y, otra, si tal prioridad es legítima y atendible. A nadie en su sano juicio se le ocurriría sostener que ahora la ciudadanía exige seguridad para aumentar los privilegios de unos cuantos, pero debemos insistir en ello precisamente con el fin de evitar que se repitan conductas gubernamentales o de partidos que acusan a las víctimas de inventar o sobredimensionar los problemas sólo para desacreditar a las autoridades.

No es gratuito que los derechos a la seguridad y a la vida sean parte de un conjunto de derechos fundamentales, como la libertad de expresión, de tránsito o de conciencia. La seguridad es, en efecto, el contenido de un derecho civil que, por ello mismo, compromete a la autoridad a garantizarlo sin dañar otras libertades de especie similar. Así que, para ser democráticamente coherentes, debemos exigir seguridad en el marco más amplio de un sistema de libertades ciudadanas constitucionalmente protegido.

En unos días, decenas de miles de personas saldrán a las calles de distintas ciudades del país para reclamar sus derechos fundamentales a la seguridad y a la vida, y lo que la ciudadanía espera no es que las autoridades marchen con ella, sino escuchen con atención y actúen en consecuencia, es decir, que trabajen para hacer de la seguridad un derecho garantizado a toda persona en México.

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