Gilberto Rincón Gallardo

Un Estado democrático debe ser sensible frente a los sentimientos de los ciudadanos. Tiene que hacerse cargo de sus exigencias e incluso de sus temores y expectativas. Pero, a la vez, no puede darse el lujo de actuar conforme a sentimientos ni conducirse según pasiones que son comprensibles en los ciudadanos mas no en la institución pública. Lo propio del Estado es actuar según leyes racionales y coherentes y, sin demérito de ello, convencer a la ciudadanía de que esa es la única ruta viable para una convivencia civilizada.

Esto viene a cuento por el ambiente de enorme enojo social derivado de la inseguridad. No se trata, desde luego, de un enojo injustificado: los mexicanos hemos visto crecer la criminalidad de manera rampante, sin que se perciba una respuesta de la autoridad a la altura de las circunstancias. Por todas partes se oyen exigencias de “mano dura” y ya muchos representantes electos hacen suyas propuestas como la pena de muerte a secuestradores. La urgencia que proviene de ese enojo puede ser mala consejera si, en vez de tomar la molestia social como base para una acción seria y coherente de reformas policiales, ministeriales y judiciales, se toma como un momento para el desahogo y la venganza.

Por ello, es necesario afirmar algunos puntos esenciales en el debate de la seguridad pública, a efecto de poder buscar los elementos que pudieran hacernos avanzar hacia una genuina política de Estado en esta materia.

El primero es que el problema de la inseguridad no es un asunto de clases sociales. A todos los sectores los ha golpeado de una manera o de otra. Ha habido secuestros que se pagan con diez mil pesos y otros con millones, pero el drama familiar en todos los casos es el mismo. Ahora se perfila una serie de movilizaciones ciudadanas con el fin de exigir seguridad al gobierno federal y los locales; sería bueno que no volviésemos a padecer el ataque de algunos gobernantes a esas protestas, por su supuesto carácter de clase. Se trata de víctimas que exigen un derecho y no de la reivindicación de privilegios.

El segundo es que, por muy alto y justificado que sea el enojo social, el Estado no debe jugar con cuestiones como el regreso de la pena de muerte. Se trata de una medida ineficaz, no disuasiva, sujeta a errores frecuentes y, sobre todo, contraria a un trato humano prescrito por la Constitución que nuestro Estado no puede abandonar en ningún momento. Una gran victoria de la criminalidad se daría cuando el Estado se ponga a la altura moral de los criminales y, en vez de justicia, busque venganza.

El tercero es que, según muestran otras experiencias nacionales y la nuestra, el aumento de castigos penales y de cuerpos policiacos no garantiza efectividad contra el crimen. Es necesaria una profunda reforma de los sistemas de seguridad pública y de procuración y administración de justicia, así como para la rehabilitación penal. Esto podrá tardar más o menos según lo que hagan nuestros gobernantes, pero lo cierto es que en esta materia no hay atajos: o se hacen las cosas bien, con cambios de fondo, o el fenómeno de la inseguridad se mantendrá. La reducción de la impunidad depende de este complejo y difícil proceso y por ello no debería hacerse demagogia al respecto.

Resulta difícil hablar de libertades cuando la urgencia es la seguridad. Pero, en un contexto democrático, la segunda no va sin las primeras. El Estado mexicano está obligado a garantizar seguridad, sin deteriorar ningún derecho ni libertad.

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