Este domingo 20 de julio se celebró la fiesta nacional de Colombia. En las principales ciudades de ese país hermano, así como en numerosas capitales del mundo, incluida la Ciudad de México, se congregaron miles de personas para expresar una sola demanda: “¡Libérenlos!”

Se trata de los casi tres mil secuestrados que mantiene en su poder la narcoguerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. En su gran mayoría son secuestrados “económicos”, es decir, gente que ha sido privada ilegalmente de su libertad, por razones de extorsión monetaria, aunque permanece un pequeño número de secuestrados “canjeables”, es decir, que son de perfil político y sirven como moneda de cambio para obtener ventajas negociadoras o la liberación de miembros de las FARC presos.

Sea cual sea la categoría a la que pertenezcan, todos los secuestrados padecen un cautiverio injusto, que no debe mantenerse un momento más. Es de celebrarse que esta reclamación se haga después de haber liberado a la secuestrada más famosa de las FARC, la ex candidata Ingrid Betancourt, porque esto demuestra que la conciencia de la injusticia del secuestro no es una cuestión mediática sino un sano rasgo de la opinión ciudadana mayoritaria.

Ya nadie en su sano juicio podría aceptar que su retención obligada y en durísimas condiciones sirva a algún fin político legítimo. Esta situación cruel e inhumana muestra, sin más, que las FARC se han convertido, desde hace mucho, en un grupo de delincuentes que se esconde tras un lenguaje revolucionario y radical.

Las FARC nos ofrecen una lección para la política de izquierda en nuestra área latinoamericana. Se acabó el tiempo en el que se podía hacer creíble que “el fin justifica los medios”. Lo que sabemos, después de dolorosas experiencias, como las que vivimos incluso en México, es que una postura de izquierda resulta legítima siempre y cuando, en el contexto de una sociedad democrática o en vías de serlo, recurre a los medios y a los argumentos de la política y renuncia a la eliminación del adversario y también al delito como arma en ese ámbito.

A lo que asistimos con la condena generalizada a este grupo, que se pretende marxista, pero realmente integra una nueva forma de criminalidad, es al fracaso, no sólo político, sino moral, de las opciones violentas para el cambio social en sociedades plurales y de estructura democrática. En efecto, no se podría decir que el derecho a la rebelión ha de ser una opción anulada para siempre, pero se ha hecho evidente que los ciudadanos de países democráticos o que transitan hacia la democracia tienen claro que la ruta del cambio pacífico es la única aceptable en sus sociedades.

Los sistemas democráticos contienen, quién podría dudarlo, profundos defectos e injusticias inaceptables. Mucho más graves en democracias poco consolidadas, como las que hemos logrado construir. Pero esto no implica que la solución haya de ser destruir a la democracia misma y la instauración de regímenes autoritarios, que no son menos autoritarios por declararse de izquierda.

La dramática historia de las tres últimas décadas en América Latina nos ha enseñado que, pese a todas las retóricas de la intransigencia, en política, los medios y los fines han de ser de la misma naturaleza. Que las sociedades justas se alcanzan sólo mediante recursos pacíficos y legales. Esto no significa sumisión ni claudicación, pues una política de izquierda puede ser radical sin necesidad de ser criminal.

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