Seguramente la advertencia me pasó desapercibida. Es difícil darle seguimiento exhaustivo al debate en torno a Petróleos Mexicanos y supongo que escapó a mi atención, pero digamos que alguien la hizo. De todos modos me extraña que, con la limitada y obvia salvedad de la Secretaría de Hacienda, los principales impulsores de las iniciativas no se ocupen del asunto. Me refiero al hecho de que la reforma petrolera no es admisible sin una reforma fiscal que compense el dinero que dejará de entrar a las arcas públicas y solucione de una vez por todas el problema de nuestra enclenque recaudación.

Me explico. En medio de todas las discrepancias vertidas en los foros del Senado, sólo he encontrado un consenso. Más allá de ideologías y de enfoques técnicos, tirios y troyanos coinciden en que se debe dotar a Pemex de autonomía presupuestal, técnica y de gestión. Esto implica disminuir su carga de impuestos y liberarla del inmisericorde lechero hacendario que la ordeña al punto de la anemia. Existen otras divergencias —hay quienes proponen usar los recursos recuperados para capitalización y mantenimiento y quienes piden que se apliquen a la construcción de refinerías y desarrollo de tecnologías avanzadas de exploración y explotación— pero todos exigen que la paraestatal se convierta en una empresa pública autónoma que pague gravámenes razonables y tenga suficiente margen de maniobra para ser más eficiente y competitiva en el entorno global.

Si eso ocurriera, Pemex ganaría pero el erario perdería. La pérdida se daría aun en caso de que se aprobara una reforma en la que parte de las inversiones proviniera de la iniciativa privada. En otras palabras, habría que recurrir al endeudamiento para seguir erogando lo mismo o recortar el presupuesto de egresos para no endeudarnos. Ambas cosas son impracticables: el gobierno no va a contratar más deuda ni a disminuir el gasto en seguridad pública o en desarrollo social, so pena de perder apoyo popular. De modo que la única alternativa razonable es una modificación al actual modelo tributario que permitiera recaudar más. Hay varias opciones: 1) la técnicamente fácil pero impopular, que es aumentar el IVA o introducir cualquier otro impuesto al consumo; 2) la técnicamente más difícil pero menos impopular, que implica avanzar en el camino del IETU; 3) la miscelánea, que conlleva una revisión casuística y el aumento a impuestos específicos; 4) la empresarialmente incorrecta, a la que todos los gobiernos le han sacado la vuelta porque afectaría intereses muy poderosos, que es la eliminación de los regímenes especiales y la minimización de consolidaciones y exenciones.

La primera dañaría a los que menos tienen (y sería inviable porque el PRI, el fiel de nuestra balanza legislativa, no está dispuesto a pagar el costo político de apoyarla). La segunda podría acercarnos a un esquema de tasa única (flat tax), pero sería inútil o incluso contraproducente si no va acompañada del desmantelamiento del sistema de deducibilidades. La tercera no solucionaría nada o, para ser más claro, mantendría la estrategia de llenar una presa a cubetazos. De modo que la única opción eficaz y justa es la que supone aumentar la recaudación de impuestos por la vía de las personas morales de mayores ingresos. No faltará quien me diga que tampoco es factible porque no la apoyaría la bancada priista, pero he aquí lo interesante del asunto. Si crisis es oportunidad, y si realismo es audacia, bien podría construirse un acuerdo nacional energético y hacendario. Y contra todos los pronósticos, el detonador podría ser una insólita alianza entre el PAN y el PRD. Se trataría de un pacto que gestara una reforma petrolera y una reforma fiscal de gran calado y con ellas diera a la izquierda un triunfo y al gobierno recursos y legitimidad.

Ya sé que el asunto es mucho más complejo. Pero si hoy la polarización política hace el diálogo imposible, mañana la situación socioeconómica puede enredarse al grado de hacerlo ineluctable. Por eso, porque más vale prevenir que lamentar, la discusión de la reforma petrolera no debería darse sin una discusión sobre la reforma fiscal. Si lo que pretendemos todos los mexicanos es aprovechar el petróleo para nuestro beneficio y al mismo tiempo arrancar de raíz nuestra incapacidad recaudatoria, la solución ha de ser radical. Sólo hay dos tipos de personas que pueden darse el lujo de no preocuparse por buscar los impuestos que compensen lo que se perdería con la autonomía de Pemex: unos son los escépticos que pronostican que no va a haber ninguna reforma petrolera y otros son los ingenuos que creen que va a aprobarse una reforma privatizadora que deje en manos de particulares toda la inversión que se requiere. Por lo demás, aun si ocurriera cualqu-iera de esas dos cosas, es un hecho que el petróleo se va a acabar antes que la pobreza. ¿Alguien necesita otra razón para empezar a discutir ya de dónde vamos a sacar los recursos para hacer de México un país justo y gobernable?

abasave@prodigy.net.mx

La reforma petrolera no es admisible sin una reforma fiscal. Tirios y troyanos coinciden en que se debe dotar a Pemex de autonomía. Si eso ocurriera, Pemex ganaría pero el erario perdería.