Con plausible realismo, Leonardo Valdés Zurita, consejero presidente del IFE, escribió en Excélsior: “A partir de los resultados de la pasada elección presidencial se generó un ambiente de incertidumbre hacia los servidores públicos que tienen la responsabilidad de organizar las elecciones federales en nuestro país”, por lo que el personal del Instituto “ha tenido que afrontar una injusta animadversión por parte de la ciudadanía”.

Valdés Zurita tacha de “injusta” la animadversión pública, pero José Antonio Crespo, en su libro 2006: hablan las actas (Ed. Debate, 2008), demuestra que si los funcionarios están bajo sospecha es por motivos claramente explicables y por datos que están a la vista de quienes los quieran ver.

Para mayor precisión, el libro del columnista de Excélsior lleva como subtítulo “Las debilidades de la autoridad electoral mexicana”. Esto es, que si la desconfianza ciudadana existe, se debe a una sospechosa actuación de los funcionarios del IFE, nombrados de manera facciosa por los entonces diputados del PRI y el PAN, unos encabezados por Elba Esther Gordillo, que semanas después rompió con su partido y acabó por apoyar al candidato de Acción Nacional a la Presidencia, y los otros pastoreados por Germán Martínez, actual líder del partido albiazul.

Todo eso lo sabe Valdés Zurita, de ahí que señale como imperativo “recuperar la confianza de los hombres y mujeres” que trabajan para el IFE, quienes seguramente ya no confían ni en ellos mismos, después del numerazo de 2006. Muy mal deben estar las cosas para que el consejero presidente del IFE hable de “reconstruir” el tejido institucional y pida a los funcionarios y a los empleados dejar de lado “conductas y actitudes que fomentan la incertidumbre” y “vulneran los ámbitos de competencia y los procedimientos que establece la ley”. Dicho en castilla: el IFE está en un avanzado proceso de putrefacción, pues quienes en 2006 actuaron tramposa o irresponsablemente frente a la sociedad no pueden jugar limpio entre ellos.

José Antonio Crespo lo demuestra con el rigor del académico que busca precisar los hechos antes que tomar una u otra bandera. Él revisó minuciosamente las actas de 150 de los 300 distritos y, mientras no se le demuestre en forma fehaciente, se niega a presumir que hubo fraude o un “magno operativo para torcer la voluntad ciudadana”. Lo que sí establece de manera irrefutable es que solamente en las casillas del Programa de Resultados Electorales Preliminares, el PREP, 49.5% de las casillas tenían errores aritméticos, con grandes diferencias entre votos emitidos y ciudadanos que votaron, entre ciudadanos que votaron y boletas depositadas en las urnas y entre la votación total emitida y las boletas depositadas, que fue en este último caso de dos millones 639 mil 944 votos, cantidad varias veces superior a la presunta diferencia entre Felipe Calderón y Andrés Manuel López Obrador.

Había materia para que el Tribunal Electoral ordenara “una revisión más amplia de los paquetes electorales”, pero los magistrados prefirieron buscar justificaciones para no hacerlo. Por ejemplo, hubo uno que atribuyó los errores a la ignorancia de los funcionarios de casilla, cuando lo cierto es que se elige para presidente de ésta a quien tiene mayor escolaridad. Es más, resulta por lo menos extraño que “en los distritos rurales se hayan generado menos actas con inconsistencias que en los distritos urbanos” y que “a menor tamaño de la localidad menor sea el número de actas con inconsistencias”. De modo que si se trató de fraude maquinado —hipótesis que descarta Crespo—, éste se desplegó en las ciudades y estuvo a cargo de funcionarios de casilla de cierta escolaridad. ¿Profesores del SNTE?

Otros hechos contribuyeron a enturbiar el proceso. Fue el caso de un comunicado que circuló en las casillas, “por instrucción del Consejo General y a solicitud del PAN”, el que señalaba que “el escrutinio y cómputo de las boletas no procede bajo el argumento de transparentar o dar mayor certeza a los resultados”. Por eso se pregunta Crespo: “¿Qué otro propósito podría tener ese proceso?”

En suma, el proceso electoral de 2006 quedó manchado por la elección facciosa de los consejeros electorales; la actitud de estos consejeros, que fue de lo abúlico a lo sospechoso, y las reiteradas omisiones en que incurrieron tanto el Consejo General del IFE como el TEPJF, cuyos magistrados se negaron a ejercer las facultades que les confiere la ley y decidieron obstaculizar todo recuento que hubiera permitido resultados más claros y aceptables para todos.

El libro de Crespo queda ahí como un documentadísimo catálogo de errores y omisiones. Pero quedan también los rencores de una sociedad dividida, la desconfianza hacia el árbitro electoral que actuará el año próximo y un presidente sin capacidad de convocatoria. En medio de una crisis económica que avanza incontenible, con el país aterrado por la criminalidad, sin autoridades capaces de conducir a México por otro camino, el futuro, más que promesa resulta amenaza.

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