No es que se hubiera ido realmente, sino que, agazapado e incluso negado por los discursos oficiales, empezó a parecer menos bárbaro y menos peligroso que en otras épocas. Pero está de vuelta.

En Italia, los gitanos se han convertido en el chivo expiatorio del nuevo gobierno conservador, para articular su oferta de seguridad pública, misma que fue central con miras a la nueva llegada de Silvio Berlusconi al poder. Allí, el asalto de una horda a un campamento de gitanos en Ponticelli, para destruirlo y ahuyentar a sus habitantes bajo el pretexto del robo de un niño por una mujer de etnia gitana, nunca demostrado, no encontró condena inmediata de las nuevas autoridades, sino incluso obtuvo justificación. Ahora, ese gobierno concede “poderes especiales” a los prefectos del gobierno en distintas regiones para “censar, realojar, alejar o expulsar, por vía administrativa o judicial”, a miembros de la etnia gitana. Alfredo Mantovano, del Ministerio del Interior italiano, no lo pudo poner más claro: “Como demuestran los números y la realidad sociológica, los romaníes son una etnia conectada a un cierto tipo de delitos. Robos, asaltos e, incluso, como en el caso de Ponticelli, rapto de personas.” (El País, 2 de junio de 2008).

El argumento de la satanización étnica es similar al de otras épocas: el diferente, el que tiene otro color u otras costumbres es sinónimo de peligro y delito. Se adscribe así al grupo étnico completo la categoría de delincuente y sus miembros se convierten, sólo en casos ya predefinidos, de esa supuesta esencia grupal. Habrá, sostiene este prejuicio, casos fuera de lo común, gitanos trabajadores y responsables, pero serán la excepción de su grupo. De esta manera, se pierde la idea de responsabilidad individual, se juzga a un colectivo completo por los actos de unos cuantos y, como consecuencia, se les limita a todos sus miembros en derechos y protecciones. El esquema no puede ser más claro: se trata de un trato sistemático de discriminación étnica o racial. En efecto, es un proyecto que, en nombre de la seguridad, estigmatiza y persigue a un grupo social y limita derechos fundamentales a sus integrantes.

En otras zonas, el racismo vuelve a aparecer abiertamente vinculado a los conflictos políticos. En Chuquisaca, Bolivia, donde se asienta la capital política del país, Sucre, varios indígenas partidarios del presidente Evo Morales son golpeados y vejados públicamente entre insultos claramente racistas. En Bolivia, el debate de las autonomías, que podría ser conducido como un conflicto de competencia y de distribución de poderes entre el gobierno central y las regiones (y viable, por ello, de una solución democrática entre ciudadanos miembros de una misma comunidad política nacional), es formulado como un enfrentamiento entre los indios del altiplano de Bolivia y los mestizos de Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando. Otra vez el racismo, y la discriminación consecuente, marcan la política de una nación completa.

En México, la paz relativa de la que gozamos con respecto al conflicto étnico no debería ser vista como una solución del mismo, sino una oportunidad para enfrentarlo con políticas de largo plazo orientadas al desarrollo social y a la atención especial de rezagos específicos. Porque la mejor manera de enfrentar el racismo no se reduce al necesario reconocimiento del valor cultural de esas minorías, sino pasa por el desarrollo y la ciudadanía plena de cada persona integrante de ellas.

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