Humberto Musacchio

El Partido Democrático Popular Revolucionario-Ejército Popular Revolucionario le ha propuesto al gobierno de Felpe Calderón entablar un diálogo para, entre otros puntos, conocer el paradero de dos militantes y presumiblemente dirigentes de esa organización: Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, “desaparecidos” en el estado de Oaxaca.

Junto con el diálogo, el PDPR-EPR le propuso al gobierno federal la mediación de un grupo de ciudadanos reconocidos por su independencia: el obispo Samuel Ruiz, el periodista Miguel Ángel Granados Chapa, el escritor Carlos Montemayor, el antropólogo Gilberto López y Rivas y la benemérita Rosario Ibarra de Piedra, quien participaría como representante del Frente Nacional contra la Represión, organismo que ya ha logrado sacar con vida a numerosos mexicanos de las cárceles clandestinas del gobierno y conocer el destino de otros que tuvieron menos suerte.

Los beneficios de entablar el diálogo con un grupo armado son obvios, aunque no para un gobierno tan limitado como el actual. La interlocución permitiría avanzar en el asunto de los dos dirigentes “desaparecidos” del EPR, pero también en otros puntos que llevaran al abandono de las armas por la organización guerrillera, lo que redundaría en una cierta legitimación del actual gobierno.

Lamentablemente, el equipo de Calderón no se destaca por sus luces. No puede entender la importancia de acabar con la violencia mediante las bondades de la política. Al parecer, es mucho pedir para un gobierno de oscuro origen, que se jacta de haberse apoderado de la Presidencia “haiga sido como haiga sido” y que difícilmente puede entender la necesidad de poner en juego las artes de la política frente a un grupo de inconformes que optó por tomar las armas. Menos todavía puede comprender el asunto y sus consecuencias el empresario Juan Camilo Mouriño, acostumbrado a dar órdenes a sus empleados, pero no a tratar a los ciudadanos como pares, en busca de soluciones políticas.

Una muestra elocuente de la incomprensión del madrileño es la respuesta ofrecida al EPR, en la cual reduce el papel de los mediadores a meros “testigos sociales” y pone como condición para el diálogo que la otra parte se comprometa públicamente a suspender sus “acciones radicales” y a abandonar la lucha armada para “abordar la solución pacífica de los conflictos mediante la vida institucional”, cuando que el resultado del diálogo y la negociación tendría que ser precisamente ése.

Por su parte, Gobernación reitera que continuará “las investigaciones sobre los responsables de los atentados contra las instalaciones de Pemex y otros actos delictivos”. Esto es, quiere dialogar mientras persigue a sus presuntos interlocutores, lo que impedirá que las partes se sienten a hablar civilizadamente. Como es obvio, el Estado no puede abdicar de sus atribuciones, pero nadie discute con una pistola en la sien, que es lo que exige Mouriño al EPR, grupo que tomó las armas porque evidentemente no funciona la vía legal o, como dice el comunicado de Gobernación, “la vida institucional” para solucionar conflictos.

El señor que despacha en Bucareli no entiende que está frente a un grupo armado que sustenta una posición política. Por ejemplo, recién llegado a Gobernación declaró, en el típico estilo de Álvaro Uribe, que el EPR es un grupo “que trata de infundir temor y terror entre los ciudadanos para sus propios objetivos”. Se trata de una afirmación ingenua o de mala fe, pues supone que los grupos guerrilleros combaten a los ciudadanos seguramente porque “sus propios objetivos” son hacerse odiosos ante la sociedad. ¡Por favor!

Si Mouriño —es decir, Felipe Calderón— hubiera aceptado la mediación de los personajes citados y no pretendiera reducirlos a la condición de estatuas de sal, quizá podría escuchar de ellos propuestas inteligentes y conocer experiencias que fueron positivas para el país, como la amnistía formulada por don Jesús Reyes Heroles, el grande, y expedida por José López Portillo, o ya en tiempos de Carlos Salinas, la Ley de Concordia y Pacificación que desactivó el conflicto armado en Chiapas. Ambas experiencias no fueron concesiones graciosas, sino hijas de la necesidad que obligaron a emplear imaginativamente la legislación.

El gobierno de Calderón afronta hoy problemas tan graves como el narcotráfico y la presencia militar en las calles, que ya empieza a convertirse en protagonismo político; se ha desatado un alza de precios en los productos básicos que amenaza con ser incontrolable por las condiciones mundiales y, debido a la recesión en Estados Unidos, disminuirán las remesas de los trabajadores migrantes y volverán al país muchos mexicanos que ya se habían establecido del otro lado. El diálogo con el EPR no sería la solución de todos los problemas, pero daría a Calderón la oportunidad de desactivar un foco de conflicto, ganar legitimidad y avanzar en la reconciliación de los mexicanos. Y eso de ninguna manera es poco.

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