GINEBRA.- Barbara Hintermann, jefa de la delegación del Comité Internacional de la Cruz Roja en Colombia (CICR), no acostumbra ser parlanchina. Pero ella —que fue uno de los pilares de la operación de liberación de Clara Rojas y Consuelo González de Perdomo, rehenes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el 10 de enero— quisiera que fuera más conocido el papel del CICR en Colombia. Ese papel único de “intermediario neutro e independiente” que, en los últimos años, ha logrado la liberación de cientos de secuestrados mediante el pago de rescate, por lo general lejos de los reflectores.

“Todavía la semana pasada, la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN, castrista) nos envió nueve rehenes”, señala Hintermann, de paso por Ginebra. A despecho de las declaraciones de unos y otros, ella explica que continúa el “diálogo confidencial” que realiza el CICR con todas las partes del conflicto colombiano.

No obstante, el domingo pasado, las FARC (extrema izquierda) impidieron que una misión médica del CICR tuviera acceso a sus rehenes y rechazaron la propuesta del presidente Alvaro Uribe. El jefe de Estado colombiano recientemente realizó una gira por Europa, donde solicitó el apoyo de Francia, Suiza y España para llegar a un “acuerdo humanitario” con las FARC, dirigido a intercambiar 43 rehenes por 500 guerrilleros encarcelados. El CICR se mantiene a distancia de esa agitación pública.

El CICR, que cuenta con 12 oficinas y 310 empleados en Colombia, es la única organización bien recibida tanto en la jungla por los jefes de las FARC, como en Bogotá, por las autoridades del ejército. “Nosotros observamos el comportamiento de los grupos armados en el terreno. Casi cada semana, en escala diferente, dialogamos con las FARC, el ELN o las fuerzas armadas colombianas”, subraya Hintermann. “Nosotros les pedimos que apliquen el derecho internacional humanitario, en particular en materia de protección de los civiles: los rehenes, los desplazados, los desaparecidos”, agrega. No obstante, invocando cuestiones de seguridad, la guerrilla nunca la ha autorizado a reunirse con los rehenes que mantiene en su poder. Pero existe cierta confianza. En septiembre de 2007, el CICR recuperó, a solicitud de las FARC, los cuerpos de once diputados del departamento del Valle del Cauca, quienes fueron capturados como rehenes y asesinados en circunstancias aún no esclarecidas.

La organización humanitaria registra también las peticiones de las familias y se esfuerza por “sacarle información” a los rehenes liberados, “a fin de disponer de elementos adicionales en el diálogo con las FARC”, precisa Hintermann. Ella quisiera escuchar a Clara Rojas y dice estar “muy preocupada por el estado de salud de los rehenes”. Llega a darse el caso de que el CICR convence a los secuestradores. En 1998, un grupo armado que tenía la costumbre de asesinar a sus secuestrados, al tiempo que exigía rescate a los familiares, renunció a sus siniestras prácticas. Así se salvaron decenas de personas.

“Nosotros no denunciamos nada públicamente pero tratamos de mejorar la situación a través del diálogo”, explica Barbara Hintermann y señala que Colombia, devastada por el conflicto armado, tiene récord en materia de violación de las leyes humanitarias. Ya sea que se trate de las víctimas de las minas o de personas desplazadas —de dos a tres millones desde 1985—, para las cuales se han establecido programas.

Le Monde, The New York Times Syndicate