Humberto Musacchio

Lo hemos dicho aquí pero no sobra reiterarlo: ninguna mafia tiene ni puede tener más fuerza que el Estado. Incluso, todos los grupos delictivos juntos no pueden equipararse al poder institucional, aunque por momentos, meses o años parezca que el crimen organizado y hasta el otro se han apoderado del país.

Resulta difícil asimilar lo anterior a la vista de las balaceras, los asaltos y asesinatos contra diversos sectores de la ciudadanía; parece imposible que el Estado tenga más capacidad que los delincuentes si éstos se permiten matar a policías y hasta a militares, asaltar cárceles y atacar cuarteles.

Sí, ninguna mafia puede disputarle al Estado el control de un país, pero está sucediendo que, mientras el gobierno federal da palos de ciego, los criminales actúan en muchos casos de manera impune, gracias a la protección cómplice que les brindan policías corruptos, mal adiestrados y peor armados.

Al llegar a Los Pinos o antes incluso, Felipe Calderón decidió que las numerosas corporaciones policiacas que tenemos no sirven para combatir a quienes viven en la ilegalidad. En esa convicción, resolvió sacar al Ejército de sus cuarteles y ponerlo a cumplir funciones de policía judicial y hasta preventiva. El resultado está a la vista: como resultado de la actividad del crimen organizado, en sólo un mes han muerto más personas que en todo el año pasado.

Para decirlo de manera más clara: sacar a los militares de los cuarteles no sólo no funcionó, sino ha sido contraproducente. En ese gran fracaso del “gobierno” federal cuenta la falta de voluntad para trabajar con los recursos que existen. Es cierto que las corporaciones policiacas son corruptas e ineficientes y están mal equipadas, pero la respuesta no puede consistir en dejar que sigan siendo corruptas e ineficientes y continúen mal armadas y peor equipadas mientras se pone a militares a hacer una tarea que constitucionalmente no les corresponde.

La decisión de sustituir a los policías por militares es no sólo fallida, sino inaceptable. Su decisión de dar a militares las tareas policiacas equivale a que el señor Carstens despidiera a todo el personal de la Secretaría de Hacienda por considerarlo indolente, corrupto y evidentemente incapaz de cobrar impuestos a todos los mexicanos que deben pagarlos.

En el ejemplo que ponemos, si fuera posible que el señor Carstens hallara personas diligentes, honestas y muy aptas para recabar las contribuciones fiscales, ni Felipe Calderón ni los sindicatos ni la sociedad aceptarían esa “solución”, pues al igual que cuando una persona llega a dirigir una oficina, tiene que poner a trabajar, tan bien como sea posible, al personal que ya se encuentra ahí, el que no suele ser diligente ni honesto ni capaz de cumplir con eficiencia la función por la cual le pagan.

Combatir con éxito a las mafias requiere, es cierto, una policía eficiente, con buen armamento y debidamente entrenada. Sabemos, porque varias veces así nos lo han informado desde el gobierno, que el Estado cuenta con grupos de élite a la altura de los mejores del mundo, analistas que manejan las técnicas más avanzadas de investigación, corporaciones que disponen de planes, programas y métodos criminológicos de vanguardia, así como jefes experimentados y sagaces.

Donde hay deficiencias notables, aunque se cuenta con antecedentes nada despreciables, es en las tareas de inteligencia, que permiten atacar en el lugar y el momento exactos a los delincuentes y, mejor aún, que dan información suficiente para adelantarse a los hechos, impedir la comisión de delitos o frustrarlos en flagrancia, detener a los criminales en sus madrigueras y, en fin, enterarse de los movimientos presentes y futuros de los enemigos de la sociedad.

Lamentablemente, hasta ahora lo que hemos visto es la intervención a posteriori de las fuerzas del orden, cuando no el ataque frontal contra sus efectivos que, sorprendidos, mal preparados y peor armados, llevan las de perder. Más triste es que quienes sí realizan tareas de inteligencia sean las mismas mafias, que cooptan comandantes, están bien informadas, conocen los movimientos de los cuerpos policiacos y hasta militares, tienen bajo severa vigilancia a los jefes, de quienes conocen itinerarios y trayectos, lo mismo que de sus familiares, por no hablar de sus gustos, excesos y debilidades.

Las mafias han hecho la tarea que correspondía realizar a las corporaciones policiacas, pero ni siquiera eso es para declararse vencido. Hay que restablecer y mejorar el aparato de inteligencia policiaca, capacitar y armar mejor a los elementos policiacos y sobre todo imbuir en ellos otra mentalidad, insistir en que su función es digna y socialmente necesaria, mejorar sus condiciones de trabajo, establecer medidas de estímulo para la superación y el mejor cumplimiento de sus funciones, dotarlos de seguros de vida o invalidez y garantizar a sus familiares vivienda, apoyo escolar y otras prestaciones. Por ahí había que empezar, pero se optó por mandar la reserva al frente.

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