El inicio del periodo de sesiones del Congreso está a la vuelta de la esquina. Algo parecido a una agenda legislativa empieza a configurarse. Por lo que se ha discutido en las reuniones preparatorias de los grupos parlamentarios, se refuerza la expectativa de que el Congreso apruebe una reforma energética.

Poco se sabe todavía de su contenido. De hecho, aún no se ha presentado formalmente la iniciativa sobre la que se va a trabajar. Hasta hace una semana no quedaba claro si la propuesta saldría del Congreso o vendría del Ejecutivo. Después de la reunión plenaria de los diputados del PRI en Cancún, todo parece indicar que el presidente Felipe Calderón será quien asuma la responsabilidad de prepararla.

El próximo periodo de sesiones que va del primero de febrero al 30 de abril constituye la última oportunidad política de aprobar una reforma energética antes de los comicios intermedios de 2009. Una vez que los partidos empiecen a actuar en el Congreso pensando en la contienda electoral, se diluye la posibilidad de un acuerdo en torno a un tema tan controversial como el energético. Formalmente, ese proceso arranca en octubre. En la práctica, sin embargo, se sabe que los partidos difícilmente pueden esperarse hasta mayo para desplegar sus armas.

De realizarse una reforma energética, queda claro que sería resultado de un acuerdo entre el PAN y el PRI. Después de dos sexenios de desencuentro, estos partidos empiezan a convergir en torno al tema. Durante el gobierno del presidente Zedillo, el PAN se negó a apoyar la reforma energética, por un mero cálculo electoral. En el siguiente sexenio, durante la presidencia de Vicente Fox, el PRI asumió una posición ultranacionalista en defensa del statu quo, bajo la influencia del entonces senador Manuel Bartlett.

Hoy en día, es la influencia de otro senador la que está llevando al PRI a redefinir su posición en la materia. Francisco Labastida, presidente de la Comisión de Energía de la Cámara alta, se ha echado en los hombros el trabajo de persuadir a su partido de la grave situación en la que se encuentra el sector energético. La crisis de Pemex manifiesta en una caída en la producción de crudo y en las reservas probadas es demasiado grave para seguir ignorándola. Una contracción acelerada de las exportaciones de petróleo no sólo significaría un menor crecimiento económico, sino también obligaría a realizar fuertes recortes al gasto público con el fin de mantener la estabilidad alcanzada en la última década.

El PRD, junto con sus aliados del Frente Amplio Progresista (FAP), ha cerrado filas en torno al ex candidato presidencial, Andrés Manuel López Obrador, en su oposición a la reforma energética. Carlos Navarrete, coordinador de los senadores del sol azteca, declaró que su partido será “un dique de contención” en contra de lo que llama la “reforma privatizadora”. El PRD buscará, en primer lugar, impedirla persuadiendo al PRI de que el costo político de aprobarla es demasiado alto. Si no lo consigue, intentará que el PRI y el PAN paguen el mayor precio posible por votar a favor de ella.

La estrategia anunciada por el FAP consiste en combinar la oposición en el Congreso con la movilización política en las calles. Senadores y diputados del sol azteca han anunciado que iniciarán una “huelga legislativa”. El término ha conseguido intrigar a más de uno, pero el PRD se ha negado a esclarecerlo, aparentemente, en aras de conservar la “ventaja de la sorpresa”. Lo que todo el mundo entiende es que tomarán la tribuna en la Cámara de Diputados para impedir que pase la reforma. Así lo reveló el coordinador del PRD, diputado Javier González Garza.

PAN y PRI tienen suficientes votos en el Congreso para aprobar la reforma energética. Pero cometerían un error si la sacan adelante sin un trabajo de explicación y convencimiento dirigido a la opinión pública. Incluso la mejor de las reformas puede descarrilarse si no se comunica adecuadamente a la sociedad. El trabajo de convencimiento empieza en el Congreso, con un proceso legislativo cuidadoso, que respete escrupulosamente los derechos de las minorías parlamentarias.

Asimismo, el PRD y sus aliados deben entender que los derechos de las minorías terminan donde empiezan los de las mayorías. En una democracia, la oposición goza de una serie de prerrogativas que puede utilizar para conseguir sus objetivos políticos. Pero, también, tiene entre sus obligaciones dejar que la mayoría gobierne.

Ruth Zavaleta, presidenta de la Mesa Directiva, ha asumido una posición valiente al recordarles a sus correligionarios que no pueden exigir sus derechos mientras incumplen con sus responsabilidades. Si toman la tribuna, la Cámara de Diputados sesionará en otra sede. Este es el peor de los mundos, pues entonces tendríamos reforma energética sin debate parlamentario. Quizá ganen quienes quieren legislar desde la calle. Pero el PRD pierde, pierden quienes les confiaron su voto, pierden las instituciones y pierde México.

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Benito Nacif