Afortunadamente quienes promueven una alianza entre PAN y PRD para algunas elecciones estatales no han tenido el cinismo de tratar de argumentar los supuestos beneficios de esa unión espuria. Directamente dicen que se trata de evitar el avance del PRI, no sólo en esas elecciones sino de cara a 2012.

Que lo haga gente como Manuel Camacho Solís no debe sorprender porque ese ha sido su modus vivendi desde principios de la década de los noventa, pero que lo haga el PAN, traicionando los principios de sus fundadores, es inaceptable. Que lo hagan de espaldas a la opinión de las bases que hoy se sienten robadas parecería increíble si no se supiera que los políticos sólo piensan en su interés y no en el de sus adherentes, afiliados o simpatizantes.

Una alianza sólo sería válida si fuera más allá de un interés espurio como es sólo el próximo proceso electoral o, de una manera mezquina, tratar de evitar el avance político de un partido.

Por el acento de la columna no pediremos que expliquen cuál sería la posición de la alianza PAN-PRD en temas como las bodas entre homosexuales o la posibilidad de ese colectivo social para adoptar, pero sí exigiremos algunas respuestas.

No nos pararemos en recordar a César Nava cuando el PAN decía que Andrés López Obrador era un peligro para México o cuando el PRD calificaba a Felipe Calderón como espurio, pelele, chachalaca. Que ese mismo partido no reconoce aún al Presidente electo por la mayoría de los mexicanos.

Los presuntos gobernadores que surgirían hijos de esta alianza qué posición tendrían en temas como la regulación del sistema financiero, el diseño de la política fiscal o temas tan urgentes de resolver como el IVA en alimentos y medicinas. La forma de atender temas como el combate a la pobreza. Cuál sería la posición de estos gobernadores sobre el sector energético.

Evidentemente no tienen una posición porque eso no les importa, son preocupaciones de los ciudadanos y no de ellos que sólo quieren tener el poder.

Nava le haría un favor al PAN si preguntara a sus militantes y a quienes votaron por Calderón qué tan traicionados se sienten. Muchos de quienes votaron por ellos en 2006 lo hicieron porque no querían ver a AMLO en los Pinos. De seguir por este camino, la elección irá a favor del PRI.

RENOMBRADOS

En una entrevista radiofónica en Grupo Imagen, la subsecretaria de Comunicaciones de la SCT hizo una declaración que hizo que más de tres respiraran profundo y con alivio. Desde hace mucho tiempo Telcel, Iusacell y Telefónica están exigiendo que se refrenden sus concesiones para seguir operando y, ante la falta de definición por parte de la autoridad, tienen una gran incertidumbre jurídica, toda vez que la inmensa mayoría de las concesiones están muy cerca de vencerse.

Gabriela Hernández dijo que todas las concesiones tienen opinión favorable por parte de la Cofetel y que ella no calcula que se dé ningún problema para que estas empresas renueven sus concesiones antes de dos meses.

En realidad, se trata de la primera definición por parte de la SCT sobre una de las peticiones reiteradas por parte de las empresas de este sector. Hoy no saben que no podrán participar en algunas licitaciones de espectro, pero hasta antes de esta declaración no tenían ninguna señal por parte de la autoridad en el sentido de que mantendrán vigente sus negocios.

Habrá que esperar que la dependencia encabezada por Juan Molinar finiquite los trámites burocráticos para renovar estas concesiones que, como señaló Hernández, ya tienen opinión favorable por parte de la Cofetel.

Ayer apareció publicado en esta columna que Luis Peña era director de Banorte. Evidentemente se trata de una equivocación por la que ofrezco disculpas, primero a los lectores y, simultáneamente, a Alejandro Valenzuela y al director de HSBC. Un dato adicional. Cuando Peña dirigía Banorte ocupaban el quinto lugar en la competencia bancaria. Uno de los principales logros de Valenzuela es que hoy están en cuarto puesto.

En su primera presentación pública, después de haber dejado la gubernatura del Banco de México, Guillermo Ortiz culpó a los bancos de la crisis financiera internacional por los excesivos riesgos que asumieron.

Sólo parcialmente tiene razón, puesto que las autoridades regulatorias cometieron gravísimas omisiones entre las que se cuenta el haber dado tanto poder a las calificadoras de valores hasta llegar a un punto que alta calificación no significaba un bajo riesgo.