Después de la discusión estúpida sobre el posible doble puente revolucionario, que finalmente resultó mejor para los legisladores al aprobarse un fin de semana de cinco días, es innecesario discutir las razones a estas alturas, ya que van a la mitad de su súper puente. Este 20 de noviembre despertamos con una noticia similar a la de aquella noche del 15 de septiembre del año pasado que nos regaló Morelia.

De pronto, los festejos —que en realidad se trataba de un desfile— y las actividades escolares se suspendieron en Celaya, Guanajuato ya que una serie de atentados dirigidos a instalaciones de la policía municipal, incluida una de la Procuraduría General de la República en el municipio de Villagrán, rompieron la calma y evidenciaron el enfrentamiento que las autoridades estatales tienen con lo que, se dice, es la una parte de la red de La Familia michoacana establecida en Guanajuato.

La captura de Cristóbal Altamirano Piñón, alias La Rubia, La Güera o El Tribi, reconocido como el jefe de esta “sucursal” de la organización criminal, parece ser el móvil.

Eso han dicho las autoridades, basadas en las granadas que se utilizaron en los atentados, mismos artefactos empleados en Morelia, además también cabe la línea de ejecuciones justo a la medianoche y en un día festivo. Aunque claro, en esta ocasión, por fortuna, no se realizaron en medio de una celebración ni en un espacio público.

Pero, sin duda alguna, es una provocación más que el crimen organizado lanza en contra de las autoridades, las cuales, según el procurador del estado, Carlos Zamarripa, no han impedido la realización de las actividades normales en la entidad, excepto, claro, por las suspensión de clases en todos niveles, así como el desfile que conmemoraría la lucha revolucionaria.

La línea de investigación se estableció basada no sólo en las pistas de las que hablamos antes, si no también en las llamadas telefónicas que la comunidad ha hecho a los números de emergencia y a las dependencias que procuran justicia.

Esta vez no hubo víctimas mortales, pero eso no quita la gravedad del asunto, no podemos seguir siendo un país donde sorpresas de este tipo aparezcan. Lo hecho por el presidente Calderón se reconoce, cuando hablamos de la guerra abierta que hay contra los grupos criminales, entendida como una línea que sigue el Estado para reconocer el problema y no como una resignación, mucho menos para entendernos como un país en guerra donde nos tengamos que acostumbrar a este tipo de eventos.

Lo sabemos, ya no queremos escuchar ni media frase que implique violencia proveniente del crimen organizado, porque eso sólo habla de lo débil de un Estado y de lo rebasado que está ante grupos que no la piensan para irse contra lo que sea, mas si eso les significa fuerza y expansión.

Estos son los episodios que sí queremos borrar de la historia, porque nada tienen que ver con lo que en realidad es el país, y menos una revolución.