La cumbre de negocios realizada en Monterrey ha permitido ver con mucha claridad cómo están las cosas entre los empresarios y el gobierno. Y lo que se ve es que, independientemente de la buena voluntad de ambas partes, las heridas que dejó la refriega fiscal no se han cerrado.

 Lo que está en el fondo no son sólo las declaraciones sobre el pago de impuestos que catalizaron la actual situación, sino una sensación recíproca de incumplimiento de muchos compromisos contraídos. En el gobierno parecen responsabilizar a las empresas de no hacer más por el país, de no invertir ni jugársela con unas autoridades que simpatizan con ellos. Buena parte de los empresarios consideran que su apuesta por la actual administración ha sido muy alta y que no se han dado las reformas que se les han prometido una y otra vez. Pero que tampoco, ese parece ser el tema central, este gobierno ha dado la lucha para que esas reformas puedan salir.

Y en ese punto tienen razón. La norma, por lo menos desde el fin del ciclo de reformas que concluyó en 93, fuera de las reformas financieras posteriores a la crisis de 95, ha sido plantear una serie de objetivos muy concretos en los discursos: apertura energética, reforma fiscal, reforma laboral, y luego no enviar al Congreso esas iniciativas realmente necesarias y aceptar reformas mínimas y hasta contraproducentes; después, felicitarse por los acuerdos alcanzados, aunque vayan a contracorriente de lo planteado en un principio. La única excepción en esa dinámica ha sido la liquidación de Luz y Fuerza del Centro. Pero, desde la reforma electoral hasta la energética o la fiscal, siempre se han privilegiado las necesidades de los partidos o de los gobiernos y en ningún caso las del país. Y se sabe que no es suficiente (a veces hay un retroceso) lo obtenido, pero de todas formas se le acepta y se le quiere vender como el producto de acuerdos políticos de alto nivel. Que la fórmula está agotada y sus rendimientos son decrecientes lo vimos con el reciente paquete fiscal.

Llama la atención, cuando se habla con los principales empresarios del país, que insisten en que el diagnóstico que tienen y el que les muestra el gobierno es prácticamente el mismo, pero luego no se hacen las cosas. Hubo mucho optimismo cuando se explicitó buena parte de ese diagnóstico en el discurso del 2 de septiembre, y cuando se tomaron medidas en Luz y Fuerza, pero todo volvió a caer: la propuesta fiscal fue decepcionante y, lo finalmente aprobado, más aún, además, se terminó responsabilizando de los problemas fiscales a los empresarios. Y nada indica que en la propuesta presupuestal que se está cocinando en el Congreso vaya a haber alguna mejora.

En realidad lo que están diciendo los empresarios, nos lo mencionó Carlos Slim cuando hace algunas semanas lo entrevistamos junto con Bibiana Belsasso, es que hay recursos para invertir en todo el programa de infraestructura que requiere el Estado y que eso se puede realizar con acuerdos de coinversión con el sector público. Roberto González Barrera planteó prácticamente lo mismo y ambos, en la cumbre de Monterrey, reclamaron aumentar el número de contribuyentes y una simplificación fiscal real. Hay ámbitos en los cuales se podrá argumentar que no existen espacios legales idóneos para esa coinversión, pero en otros no es así. Sobre todas las cosas, sigue atorado el principal espacio de inversión y desarrollo en el país, el sector energético: México tiene todo para ser una potencia no sólo petrolera y en los hechos no pasa nada. Un ejemplo, el fin de semana, la mitad de la energía que consumió España derivó de la eólica. La mayor parte de la energía que consumen los franceses proviene de sus modernas y muy seguras centrales atómicas. Las coinversiones de brasileños y estadunidenses en el Golfo de México son cotidianas. Y nosotros estamos construyendo con recursos públicos una refinería, cuando a buena parte de éstas las están liquidando en todo el mundo. Mientras tanto, aumentamos los impuestos y se vitorea que no se haya logrado generalizarlos. Y, paradójicamente, el único político de alto nivel que acaba de decir algo sensato en este terreno no ha sido el presidente, sino Manlio Fabio Beltrones,quien dijo, a “título personal”, lo que todos sabemos y nadie quiere asumir: el IVA debe reducirse a 12%, generalizarse a todos los bienes y servicios, y el ISR tiene que bajar a 25% por lo menos. Bajar impuestos, simplificarlos y generalizarlos. En el mundo empresarial se ganó algo más que un punto.