Una vez terminado el primer acto de la ópera bufa con la cual nos entretienen —por estas fechas— nuestros legisladores y un ejército de funcionarios de la Secretaría de Hacienda junto con otro no menor de cabilderos, pasamos al segundo.

Los actores —cómicos de no muy buen nivel casi todos ellos— del segundo acto que actúan en aquélla en el papel de mendigos suplicando “una limosnita por el amor de Dios”, son los que en cada uno de sus estados se comportan y gobiernan como virreyes aprovechando el perverso sistema de rendición de cuentas vigente y el poco aprecio que tenemos por la transparencia.

Unos y otros —los gobernadores en el papel de pordioseros y el puñado de influyentes diputados que decidirán quién recibe cuánto para gastarlo en qué— son expresión viva de un quehacer político primitivo, atrasado y reflejo de la gran corrupción que el Poder Legislativo ha estimulado y fortalecido desde la pérdida de la hegemonía que por decenios tuvo el Ejecutivo.

Hoy, son los diputados los que ejercen —con base en criterios alejados del uso eficiente de los escasos recursos con que contamos— una facultad constitucional de la peor manera que uno pueda imaginar. Los gobernadores con peso político en la Cámara de Diputados —no más de tres o cuatro— junto con un número muy reducido de integrantes de la poderosa Comisión de Presupuesto, reparten dones cual dioses y se comportan —así sea durante unos cuantos días— como si fueren los dueños de México.

Sin embargo, por más corrupta y denigrante que parezca —y por desgracia, sea— esta conducta de los nuevos amos, la parte más vergonzosa e indigna está del lado de los que sin la menor dignidad se comportan cual mendigos, y “a nombre del desarrollo de las entidades que mal gobiernan” vienen a suplicar apoyos presupuestales para ésta o aquella obra que contra lo que muchos pudieren pensar, beneficia más a los cuates que a la sociedad en cada una de aquéllas.

Es tan grotesco y burdo el mecanismo mediante el cual se asignan los recursos, que por más que lo intenten ocultar los que en él participan como pedigüeños o dioses, es imposible lograrlo; claro se ve lo que somos: un país plagado de prácticas corruptas.

Lo que nuestros diputados hacen estas dos semanas junto con gobernadores y no pocos presidentes municipales, muestra una faceta de la corrupción que nos marca desde hace tantos años que ya la vemos como natural y positiva; dicen los cínicos que “aceita el engranaje” de la maquinaria gubernamental.

Estas prácticas de unos y otros —diputados que deciden cuánto a quién y para qué y gobernadores y presidentes municipales como pordioseros— estimulan la corrupción al permitir y estimular la asignación indebida de recursos presupuestales a cambio de favores que vienen a ser —ni más ni menos— expresión de los altos niveles de corrupción con los cuales se maneja el recurso público.

De aquí al 15 de noviembre, San Lázaro es una lonja mercantil donde cientos de miles de millones de pesos destinados al gasto de inversión son rematados al mejor postor. Las reglas son claras: recursos para éste o aquel proyecto a cambio de contratos o jugosas comisiones; lo demás, simples ganas de hacerle al tío Lolo.

¿Cambiarán —algún día—éstas prácticas? Yo tampoco lo creo.