Después del niño ahogado a tapar el pozo. Tras la miscelánea fiscal que a nadie gustó, ahora todos dicen que era mejor el impuesto al consumo generalizado sin exenciones. De verdad, ¿quién entiende a los partidos políticos que, por evitar su famoso costo político de legislar bien, hacen toda clase de barbaridades para su cálculo electoral de 2012?

El impuesto al consumo generalizado iba desde el principio. El propio presidente Calderón comentó que se trataba de la desechada contribución para combatir la pobreza. Tomando como bueno que algunos criticaban la contribución por falta de técnica fiscal, porque no era como tal un tributo, lo cierto es que era el camino del gravámen al consumo generalizado.

Ojo: no hablamos del IVA. El Impuesto al Valor Agregado está lleno de huecos que le impiden recaudar bien (tasa distinta en las fronteras, tasa diferentes para algunos sectores, y otros exentos como alimentos y medicinas que ha originado sinfín de amparos en contra de Hacienda).

El impuesto al consumo lo han propuesto en el Consejo Coordinador Empresarial, presidido por Armando Paredes, y en el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, donde Claudio. X González cada vez que puede recuerda que es el camino para una verdadera reforma fiscal.

Incluso algunos intelectuales propositivos como Héctor Aguilar Camín y Jorge Castañeda lo mencionan en su texto de la revista Nexos, donde recuerdan la propuesta de Santiago Levy (ex subsecretario de Egresos y ex director del IMSS, hoy funcionario del BID). Ellos parte de la imposición de 18% de impuesto generalizado, sin exenciones ni distingos, para poder crear una cobertura social universal.

Todos saben que el gravámen al consumo sí tiene un facto regresivo en las capas más pobres de la población, ya que una mayor parte de sus ingresos los consumen en bienes básicos. Ellos se podrían ver favorecidos por una cobertura social universal (médica y educativa) o por programas sociales bien dirigidos.

Los partidos políticos no están en la misma lógica. Sacaron una pésima miscelánea fiscal para no tener costos electorales, y ahora están recriminándose unos a otros por el monstruo fiscal obtenido, donde todos sabemos que es un parche más para los debilitados ingresos públicos.

Eduardo Pérez Motta, presidente de la Comisión Federal de Competencia (CFC), busca impulsar su iniciativa para fortalecer los dientes de la comisión antimonopólica, en la cual las multas por ponerse de acuerdo para ir contra el consumidor podrían ser de 10% sobre las ventas anuales de la empresa.

Pérez Motta busca tener más fuerza en sus multas que son de 1.5 millones de salarios mínimos, pero que vienen siendo poco para grandes corporativos. Representan alrededor de 82 millones de pesos.

Por eso la propuesta similar a la de otras regiones como la Unión Europea, la cual cuando impuso su multa a Microsoft por evitar la entrada de otros buscados de internet, fue una multa elevada que dejó a Microsoft sin más ganas de continuar bloqueando a los nuevos competidores.

La decisión de extinguir la Compañía de Luz y Fuerza del Centro está tomada, y no hay vuelta atrás. Más bien el amparo del SME se trata sobre la relación de los trabajadores con aquella empresa, y se decidirá la suspensión definitiva el próximo viernes. Mientras tanto el secretario del Trabajo, Javier Lozano, recuerda que si el SME obtiene el amparo el gobierno deberá frenar el pago de liquidaciones a los trabajadores.

Aquí viene todo un tema donde las bases de trabajadores del SME deberán decidir sobre su futuro, si seguir con el amparo o cobrar la liquidación. Por lo pronto ya van 45% del SME que cobran la liquidación, e inclusive diez ex trabajadores de Luz y Fuerza del Centro hasta han solicitado una franquicia a la Secretaría de Economía.