Este viernes se cumple el plazo para que el poder judicial de Quintana Roo determine el futuro del proyecto de reposición de playas, una historia inverosímil que exhibe la miopía de algunos habitantes de esa entidad.

Aunque también es extraño que un gobernador que ha mostrado fortaleza otras veces, como Félix González Canto, ahora no esté operando para poner en orden a una ama de casa y a un grupito de pescadores que amenazan el bienestar de la entidad.

Esto, dicho sin desprecio, pero resulta que Guadalupe Álvarez Chulim, dirigente de la ONG Citymar, convertida en figura pública, ha dicho que es una ama de casa de Cozumel que en sus ratos libres se dedica a la ecología.

Y si hoy paga Cytimar una fianza de 15 millones de pesos, habrá frenado indefinidamente el proceso de dragado de arena de un banco situado frente a esa isla, pues afectaría el hábitat del “caracolito rosado”.

Pero además, y ante el éxito de la señora Álvarez Chulim, ahora las cinco cooperativas pesqueras de Isla Mujeres demandaron un amparo federal contra la extracción de arena en el banco de La ollita.

Su argumento es que durante el trabajo previo de reposición de playas, el dragado de la arena afectó la pesca y la captura de algunos crustáceos, por lo que cayeron sus ingresos.

Respecto a Cozumel, el proyecto incluyó un análisis del impacto ecológico hecho por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, se emitieron los permisos respectivos y, de entrada, no está en riesgo ninguna especie en peligro de extinción.

En el segundo, parecería lógico buscar una fórmula para apoyar la economía de los pescadores derivado del cambio de arena.

Es increíble, en cambio, que la draga esté parada y costando al menos 70 mil dólares diarios y que la falta de playas afecte la relación con los operadores mayoristas para esta temporada alta de fin de año y que se extienda la falta de turistas en Quintana Roo.

Los empresarios están molestos y tanto Jesús Almaguer, presidente de la Oficina de Visitantes y Convenciones de Cancún; como Rodrigo de la Peña, presidente de los hoteleros, están presionando por este problema.

Ambos, además, son muy cercanos al gobernador González Canto, aunque por lo visto hay otros elementos que están llevando al mandatario a no actuar.