El lunes le comenté que el verdadero fondo de la discusión del paquete fiscal sería el relacionado con la eliminación de parte del efecto de deducibilidad de pérdidas en materia de consolidación fiscal, porque tiene un efecto claro y directo sobre el flujo de caja de algunos corporativos, los más grandes del país.

Se supone que el PRI, que coordina Manlio Fabio Beltrones,se haría a un lado para que el PAN, de Gustavo Madero, y el PRD de, Carlos Navarrete, aprobaran el cambio fiscal solicitado por el equipo del secretario Agustín Carstens, pero a la larga, ni en el PAN hay consenso claro.

Tal vez a esta hora, amAble lector conoceremos el resultado de una negociación que ha resultado muy difícil porque el tema es complicado y afecta a más de una decena de grupos económicos porque cambia derechos adquiridos en lugar de modificar reglas de juego hacia adelante.

En el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), que encabeza Armando Paredes, hay una suerte de presión sin igual de los grandes grupos, de aquellos que son representados por Claudio X. González del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, para que se exija, pida e implore la revisión de la propuesta puntual no en la Cámara, sino dentro del Ejecutivo. Dicen que Armando es marioneta del estatus quo, pero al final, en un país con una estructura oligopólica, los 50 grupos más importantes, nacionales y extranjeros, pagan impuestos y, si no, como se supone debieran, se cambien las reglas del juego.

El presidente Calderón ha hecho referencias a El Príncipe de Maquiavelo, y para el caso vale recordar que el florentino señalaba: “Para evitar ser odiado, el príncipe nunca debe interferir con los bienes de sus súbditos… ya que un subordinado olvida más rápido la muerte de su padre que la pérdida de sus riquezas.”

Hay que hacer cambios profundos en la estructura fiscal; es verdad que el hoyo en finanzas públicas es grave, hay que mejorar la eficiencia del gasto público, y es verdad que es “muy grave” la pérdida de interlocución en las declaraciones presidenciales, y en las respuestas del CCE.

A esto ha contribuido la feria de cifras que salen por todas partes mostrando algo aterrador: las corporaciones contribuyen con 5.2% del ingreso fiscal. Si una empresa paga 1.7% de sus ganancias, creo que el problema es del SAT.

El presidente dijo: “no pido a las empresas sacrificios extremos sino que pongan su parte, que cumplan con la ley... está bien que tengan actividades filantrópicas y que patrocinen eventos deportivos y culturales, y que nos regalen equipos médicos (¿cómo para qué personalizar?, digo) pero que también paguen, aunque sea una parte, de los impuestos que necesitan los mexicanos”. Esto sí polarizó.

Dijo que el estatus quo se ubica en actores y factores reales bien focalizados, organizados, no en el ciudadano. Es cierto que eso hace mucho daño a un país que busca modernizarse, pero confrontarlo no lleva a rupturas cuando no se cuenta con el respaldo mayoritario en una democracia imperfecta como la nuestra.

Si se aprueba la retroactividad en materia de consolidación, el Presidente tendrá que convencer al PAN, pero Hacienda enfrentará una cauda de amparos; lo peor, la medida, que parece valiente, será una pifia si se traduce en que esos grupos económicos decidan contraer su actividad el año que entra.

De Fondos a Fondo

Resulta impresionante que Héctor Osuna, presidente de Cofetel, y el comisionado Rafael del Villar se dejaran llevar por el juego de preguntas teledirigidas en el caso de MVS y su solicitud de refrendo de 17% del espectro (190 MHz) concesionado en las frecuencias de 2.5 a 2.9 GHz. El pleno de la Cofetel no opinó a la SCT de Juan Molinar que no se refrendara a MVS de Joaquín Vargas esas frecuencias, se analizará si es conveniente que un operador tenga tanto espectro considerando que tecnológica y económicamente puede resultar un desperdicio.

Todos los comisionados votaron en el pleno del 10 de diciembre en ese sentido sustituir las opiniones de enero y agosto de 2008, y firmaron el acta, que contenía además de éste, 81 asuntos adicionales, pero no estuvieron de acuerdo en firmar la resolución que se enviaría en sólo dos días a la SCT, en la que entonces se escenificaba todo el pleito de la ex subsecretaria Purificación Carpinteyro y el ex secretario Téllez, porque no habían revisado su redacción final. Ni en el acta ni en la resolución se recomienda revocar la concesión. ¡Qué cosa!