Martín Esparza compartía mesa en El Cardenal del Sheraton con Alejandra Barrales, presidenta de la Comisión de Gobierno de la ALDF, y el ex asambleísta Xiúh Tenorio. Había otros dos comensales, quizás empleados de la Asamblea, que parecían convidados de piedra. No abrían la boca.

Le enviamos un mensaje a Xiúh, vía SMS, en el que le pedíamos que abriera bien los oídos “para que nos cuentes después”. La respuesta no tardó en llegar. ¿Te interesa platicar con Esparza?, proponía. Le respondimos que sí. El sindicalista quería hablar, exponer sus razones, responder dudas, aclarar situaciones.

La charla se inició con el tema de los trabajadores de LyFC que ya aceptaron su liquidación.

El gobierno habla de más de 12 mil (30% del total). “Yo tengo otros reportes”, refutó el sindicalista, aunque luego admitió: “Son las presiones, la necesidad. Ese bono extra que está fuera de la ley (y que tiene caducidad)”, nos dijo.

En el fragor de una batalla que parece perdida, el no reconocido secretario general del SME ya no exige el retiro incondicional del decreto del Ejecutivo para desaparecer LyFC, como única vía para solucionar el conflicto, sino pide que se deje correr la controversia constitucional que se analiza en la Cámara baja. “Es la única manera de arreglarlo pacíficamente”, advierte. El SME recurrirá también al amparo (se violó el derecho de audiencia de los trabajadores) para defender la fuente de trabajo. “Iremos por las dos vías”, anunció.

La movilización, por lo demás, sigue en pie: el 30 de octubre habrá una Jornada Nacional Informativa. El 5 de noviembre resolverán en definitiva si van a la huelga general o a paro nacional. “Depende de cuántos sindicatos participen”, subraya. Los estudiantes del Poli, de la UNAM (pólvora pura) “también están con el SME”.

Otro tema de conversación fue la denuncia de Alejandro Muñoz, tesorero del SME, quien se dice amenazado de muerte, y advierte que, si algo le pasa, Esparza será el responsable. “Es su conciencia. Sabe que traicionó al sindicato, que le abrió la puerta al gobierno”, revira.

Le preguntamos si es correcta la versión que nos contó Gerardo Fernández Noroña en el sentido de que Alejandro Encinas le pidió que abandonara el Salón de Sesiones en San Lázaro, durante la comparecencia de Javier Lozano. “La verdad que sí, se vio muy mal. Nos pidió, a través de los diputados Narro, Guerrero y otro, que saliéramos de las galerías. Nomás les agarran la pierna y aflojan el cuerpecito”, puntualizó.

Contó más. Dice que hace cosa de un mes fue al banco a cancelar la cuenta donde se depositaban las cuotas del sindicato. No pudo retirar el dinero. Todo congelado, incautado. Ni el saldo le dieron. ¿Cuánto había?, preguntamos. Unos 45 millones de pesos, repuso. La cuenta está en el Scotiabank, sucursal Torre del Caballito.

El dinero hace falta. Los trabajadores que no han aceptado la liquidación van para la tercera semana sin cobrar. Viven de la solidaridad. ¿Por cuánto tiempo?

n Entre los senadores del PRI corre la versión de que la Secretaría de Hacienda le puso una “pistola en la cabeza” a los gobernadores del tricolor para que obligaran a sus diputados a aprobar la polémica Ley de Ingresos, que ha dividido a los tricolores alrededor de la pertinencia de subir impuestos en año de recesión.

“Les dijeron que, si no se aprueba en el Senado, no hay dinero para los aguinaldos”, aseguró uno de los legisladores más influyentes del tricolor. El hombre recordó que los maestros, por ejemplo, reciben 120 días de aguinaldo anualmente y que en este crítico 2009 las participaciones se han reducido drásticamente por la crisis y no hay recursos para pagar. “La pistola sigue allí”, puntualizan.

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