La relación de Cementos Mexicanos (Cemex) con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) se está deteriorando aceleradamente. Ayer le anticipábamos que tiene que ver con la consolidación fiscal.

Justo ayer el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, que lidera Claudio X. González, inició una pasarela ante el Senado para frenar lo que los diputados ya aprobaron. Se habla de daños por 50 mil millones de pesos.

Los desaguisados de Cemex, que preside Lorenzo Zambrano, y el SAT iniciaron hace alrededor de tres semanas, cuando algunos de sus ejecutivos vinieron a México a entrevistarse con Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena.

Venían con el firme interés de reunirse con él, pero el jefe del SAT no pudo recibirlos y los terminó mandando con el equipo de Juan Carlos Rizo León, el administrador general de Grandes Contribuyentes.

Los regiomontanos tuvieron con conformarse con un encuentro a niveles de mando medios, pero dejaron muy claro su mensaje: háganle como quieran, pero no vamos a pagar ningún impuesto de forma retroactiva.

Se referían al amparo que en septiembre de 2008 perdieron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que desechó su argumentación de consolidar fiscalmente utilizando paraísos para evitar la tasa local.

Desde hace un año que salió la sentencia y el SAT ha venido trabajando desde entonces en el cálculo de los impuestos que Cemex tendría que resarcir al fisco. Se habla conservadoramente de seis mil millones de pesos.

Sin embargo, la cifra es mucho mayor, si se considera que podría abarcar desde 2003.

En alrededor de cinco años el pasivo contingente de Cementos Mexicanos superaría los diez mil millones de pesos.

Por eso en la reunión de hace tres semanas los emisarios de Zambrano le informaron a la gente de Ortiz Mena que no estaban dispuestos a pagar lo que ellos consideran que se calcula mediante un mecanismo ilegal.

Cemex está resuelto a defenderse hasta sus últimas consecuencias, lo que molestó al SAT, instancia que en la misma reunión demostró cómo desviaron recursos fuera del país para beneficiarse de una tasa impositiva menor o nula.

El SAT aceptó que Cemex siga litigando, pero no descarta reforzar su estrategia legal, incluso a nivel de denuncias ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores por no hacer públicas las ganancias obtenidas en esos paraísos.

Se argumenta que si Cemex no pagó todos los impuestos que debía en México, estaría incurriendo en violaciones a la Ley del Mercado de Valores y en consecuencia en fraude a accionistas minoritarios.

FEMSA sí evalúa adquirir un paquete de acciones de Coca-Cola Enterprises. Se trata del principal embotellador de The Coca-Cola Company, que preside Muthar Kent, y de la que posee 35%. El resto cotiza en la bolsa de Nueva York. Opera en 46 estados de la Unión Americana y Canadá, amén de manejar en exclusiva a Bélgica, Francia continental, Gran Bretaña, Luxemburgo, Mónaco y Países Bajos. Los regiomontanos comandados por José Antonio Fernández Carbajal pondrían por delante todo su expertis para sus socios.

Esta semana va sesionar el Comité de Obra Pública de Pemex y ahora sí se dará luz verde para iniciar el proceso de invitación restringida a tres de los cinco participantes originales en la licitación del paquete uno de combustibles limpios para Salamanca y Tula. Apunte a Saipem de Piero Ciccesale, Dragados de Donaciano Vera y un tercero que debiera ser Samsung de David So. Si excluyen a los coreanos, podrían demandar internacionalmente. Pemex va tener hasta 45 días para adjudicar contrato, una vez dado el aval de ese comité.

San Luis Corporación, de Antonio Madero Bracho, es otra firma mexicana que atraviesa por una situación financiera complicada. Arrastra un pasivo cercano a los 400 millones de dólares, de los cuales 163 millones se le vencen el año próximo. Hay un sindicato de bancos liderados por el JP Morgan, de Eduardo Cepeda, con los que ya iniciaron gestiones. A la empresa la asesoran el reconocido abogado Javier Pérez Rocha y la canadiense FTI Consulting, que representa aquí Brock Edgar. También White & Case, vía Tom Heather.

La que ya le dio aval al Grupo Industrial Saltillo en su reestructuración de derivados fue la Comisión de Competencia, de Eduardo Pérez Motta. Son 160 millones de dólares con Bank of America de Orlando Loera, Deutsche Bank de Tito Óscar Vidaurri, Barclays de José Antonio González, JP Morgan de Eduardo Cepeda y Banamex-Citi de Manuel Medina Mora. En la parte financiera asesoró Protego de Pedro Aspe y en lo legal Santamarina Steta vía Fernando del Castillo. 80 millones se reestructurarán con una emisión de acciones.

Vitro está enviando bolas de humo. Por supuesto que no es verdad que Scotiabank, que representa a tenedores de certificados bursátiles que le reclaman 150 millones de pesos, haya perdido el juicio. Este se concluyó desde el 7 de julio y se está a la espera de que el juez Noveno de Distrito en Materia Civil del DF, Fernando Rangel, emita sentencia. Podría ser esta misma semana. Lo que el juzgado hizo fue negar la vía de título ejecutivo por una vía ordinaria. Pero el embargo está a un tris de efectuarse porque ya se desahogó el proceso.