Para cuando usted lea esta colaboración, muy posiblemente la situación se habrá aclarado; los medios habrán dado cuenta desde anoche del acuerdo —o de sus elementos principales— al que habrían llegado las distintas “fracciones parlamentarias” (suena tan bien esta expresión que a veces algunos de sus integrantes “se la creen” y se dicen, en un despropósito evidente, parlamentarios) acerca del Proyecto de Ley de Ingresos que el Ejecutivo sometió —hace 42 días— a su consideración.

Es importante este día porque, tal y como mandata la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria —¿El título, por sí solo, hace responsables a los que desconocen el significado de serlo?— hoy vence el plazo que la Cámara de Diputados tiene para aprobar “algo” en cuanto a los ingresos del gobierno federal para enviar la minuta al Senado de manera que sus integrantes —en diez días naturales- hagan lo propio—.

Así, los diputados sabrían cuánto es lo que van a poder distribuir mediante el Presupuesto de Egresos de la Federación. Sin embargo, no obstante los plazos legales, preocupa que hoy forme parte de la Cámara de Diputados quien ayer, en una muestra de creatividad —más bien irresponsabilidad— inventó “el tiempo parlamentario”; espero que hoy —no como cuando enmendó la plana a Cronos— las discusiones no continúen más allá del término legal complicando lo que ella y sus colegas ya han complicado.

Ahora bien —los diputados— hoy o mañana deberán llegar a un acuerdo, cualquiera que éste sea; por ello, considero deberíamos preguntarnos si al que lleguen vendría a estimular el crecimiento de la economía o como muchos piensan, solo beneficiará a quienes han visto desde siempre los ingresos públicos y el gasto como los mejores instrumentos que les han permitido mantener el control de amplios grupos sociales en expresión clara del acedo y caduco corporativismo que tanto daño ha hecho al crecimiento económico.

Para quienes han evadido —en no pocas ocasiones— su responsabilidad en materia de ingresos públicos y gasto, lo único que parece importarles hoy —como ayer— es elevar los ingresos para así disponer de más recursos que al repartirlos cual Santa Claus, la sociedad —especialmente “los que menos tienen”— los vería como salvadores.

Lo que no toman en cuenta —por ignorancia o el cinismo que abunda en nuestro quehacer político— es que su conducta y las políticas y leyes que de ella resultan, las más de las veces se convierten en los grandes obstáculos que imposibilitan el crecimiento sostenido de la economía y el desarrollo.

La grave situación que hoy enfrentamos exige de todos los actores políticos una gran responsabilidad; ésta en modo alguno debe ser resultado de los reclamos que con voz destemplada —producto de la desesperación o la falta de comprensión del fenómeno recesivo— ha hecho estas semanas el Presidente. Aquélla y las propuestas correspondientes, deben ser consecuencia natural de la comprensión objetiva del papel que cada uno de los actores políticos debe jugar.

No olvidemos que sus decisiones tienen consecuencias, las más de las veces irreparables; ojalá hoy —por primera vez en muchos años— lo acordado favorezca el crecimiento económico y no el clientelismo y la búsqueda de reflectores.

¿Sería mucho pedir?