La necesidad urgente de liquidar la empresa paraestatal Luz y Fuerza del Centro (LyFC) estaba ahí. No la vieron ni la ven ni la verán los que no quisieron ver, ni lo quieren ver, ni lo querrán ver. A veces, la terquedad, el resentimiento, el odio, impiden cualquier razonamiento.

A lo largo de la semana mucho se ha dicho y escrito sobre el tema. Un sólo dato debería ser suficiente: para el próximo año, LyFC había previsto un presupuesto de poco más de 116 mil millones de pesos; de ellos, 45 mil (el 40%) iba a provenir del presupuesto federal (de los impuestos que pagan los mexicanos, que además pagan la luz ya sea a esa empresa o la CFE). En otras palabras: LyFC era una empresa quebrada y lo era desde hace muchos años. Y de esa quiebra son responsables todos los que ahí laboraban: los trabajadores y su sindicato y también los directivos.

Sí, ya me sé el “argumento”: las empresas del Estado no se crean para tener ganancias, porque no deben tienen fines de lucro capitalista y su objetivo es dar un servicio público bla, bla, bla. Correcto. Pero entonces esas empresas tampoco deben tener pérdidas, porque los que pierden no son los empresarios capitalistas, sino los ciudadanos que tendrán que aportar dinero, a través de los impuestos, para que subsistan y sin la ventaja de que si tuvieran ganancias ellos serán retribuidos y además padecerán un mal servicio público. Y eso fue lo que pasó con LyFC.

Que el contrato colectivo de trabajo del Sindicato Mexicano era el más caro del país, económica y políticamente, tampoco puede está en duda. Que sus afiliados gozaban de privilegios (“exención de una obligación o ventaja exclusiva o especial que goza alguien por concesión de un superior o por determinada circunstancia propia”, primera acepción del diccionario de la Real Academia) y excesos (las listas de unos y otros han sido publicadas no ahora, sino de tiempo atrás, por lo menos en Excélsior, que no es necesario abundar en ellos), concedidos todos por la “patronal”, es decir por el gobierno que se supone vela por la calidad de vida de todos los ciudadanos.

Esos privilegios y excesos no tuvieron origen en una sana negociación empresa-sindicato. Fueron producto de un sistema sindical corporativista, que en sus versión moderna en México data de hace unos 80 años. De ese mismo sistema surgen los privilegios para otros sindicatos de burócratas o de empresas paraestatales: los del IMSS, ISSSTE, SEP, Pemex, CFE, entre los más notables. El objetivo primordial: el control político de un sector de la sociedad. Para eso sirven el corporativismo y la corrupción.

Entonces, no había de otra: la liquidación de LyFC era obvia y urgente, como lo era desde hace mucho tiempo, por lo menos desde que Carlos Salinas de Gortari la revivió. Pero de ahí a que los trabajadores de LyFC sean los únicos culpable de todos los males de esa empresa dista un buen trecho. Sí lo son, pero sólo en lo que les corresponde, que no es poco.

Sin embargo, ¿no son responsables también los directores pasados y presentes de la empresa, quienes gozaban de sueldos y prestaciones también de privilegio (Excélsior 14/10/09)? ¿Y los secretarios de Energía pasados y presentes? ¿Y los presidentes de la República? ¿Y los legisladores que aprobaban las trasferencias presupuestales? ¿Nadie se dio cuenta de nada? ¿De veras?

Y por lo visto no se darán cuentas de todas las transferencias, subsidios, regímenes especiales, exenciones que se proponen y que se aprobarán en el presupuesto para el próximo año.

La crisis laboral, que se asoma con el caso del LyFC y el SME; la crisis fiscal, la crisis educativa, la crisis energética, la crisis del sistema de salud, la crisis política… la crisis del país tiene solución. No está en medidas de emergencia obvias, ni siquiera en la alternancia en el poder, sino en el cambio a un nuevo sistema político, que sigue sin nacer, que se llama democracia. No se trata de destruir todo, sino de conservar lo que sirve y crear, reconstruir, reinventar lo que deberá servir. Un cambio real de un sistema en quiebra.