La medida tomada por el gobierno federal para extinguir “el organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro” debe llevarnos —dada la grave situación del país—, a cuestionar severamente lo hecho en materia de empresas paraestatales y el dispendio de recursos de todo tipo que las ha caracterizado desde siempre.

Este ejercicio era —hace unos cuantos años—, si no imposible sí difícil de llevar a cabo por la falta de experiencias exitosas en la materia. Se aceptaba —casi como artículo de fe—, que el crecimiento y el desarrollo dependían —en buena medida— de la presencia abrumadora del Estado en la economía.

Sin embargo, cuando decenas de gobiernos modificaron a partir de los años sesenta del siglo pasado su modelo de desarrollo, no sólo cerraron centenas de empresas públicas ineficientes y abrieron sus economías sino también modificaron radicalmente el papel asignado a la empresa pública —no en el sentido bursátil sino en el de la presencia del Estado o el gobierno en la propiedad de aquélla—; al privilegiar la eficiencia y la productividad por encima de “lo social” que solo benefició a administradores corruptos e ineptos y a camarillas sindicales, dio principio una nueva etapa cuyos frutos ahí están, son innegables.

La venta o cierre de empresas en las que la participación accionaria del gobierno era total o parcial, fue altamente positiva; los resultados son hoy —además de benéficos en lo financiero— altamente positivos en cuanto al crecimiento de la economía se refiere pues al elevar aquéllas su productividad, contribuyen a reducir los costos en la economía y elevar la capacidad de competir de las demás en la economía global.

Luego entonces, frente al cúmulo de evidencias que muestran lo exitoso de su operación, ¿por qué no analizar aquí y ahora el papel que jugó y juega el Estado mexicano en la economía mediante su participación en Pemex, CFE y Luz y Fuerza, hoy prácticamente extinguida?

Los parámetros de desempeño de no pocas empresas petroleras y generadoras de electricidad en el mundo serían, de entrada, los primeros referentes que tomaríamos para responder tanta pregunta que muchos hemos hecho de tiempo atrás. Los porqués abundan y jamás, hasta donde sé, han sido respondidos objetivamente por el gobierno y los administradores de aquellos tres grandes obstáculos al desarrollo; tampoco lo han hecho los integrantes de ambas Cámaras del Congreso de la Unión desde hace muchas legislaturas.

¿No valdría la pena pues, que la Secretaría de Energía —la incapacidad de su titular hace que ésta sea una petición inútil mas no descarto la llegada de alguien capaz— diere a conocer de manera simple y clara la historia de empresas como Petrobras y Stat Oil por mencionar solo dos petroleras públicas? Ya entrados en gastos, ¿por qué no seleccionar dos o tres generadoras de electricidad en las cuales participe el Estado y dar a conocer historia, sustento jurídico y sus resultados operativos y financieros?

¿Sería mucho pedir que mediante folletos que serían repartidos en miles de escuelas secundarias y bachilleratos de todo el país, dieren a conocer los efectos positivos que generaría una eficiente, transparente y honrada administración de la empresa pública?

No echemos las campanas al vuelo, Luz y Fuerza no es un caso aislado; es la punta del iceberg. Extingamos las otras, no dejemos el trabajo inconcluso; vamos por Pemex, CFE, IMSS, UNAM, SNTE y muchas más que han hecho tanto o más daño que la extinta.