La liquidación de Luz y Fuerza del Centro “sería lo más sano para las finanzas públicas, además de que encuadra legalmente ya que el artículo 16c de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales autoriza al Gobierno de la República a liquidar a aquel organismo descentralizado en caso de que su funcionamiento no resulte ya conveniente desde el punto de vista de la economía nacional o del interés público”.

El párrafo anterior proviene del documento “La problemática de la empresa Luz y Fuerza del Centro, alternativas de solución”, elaborado en marzo de 2008 por la Fundación Rafael Preciado Hernández A.C., hecho público en su colección Papeles para la reflexión, que se hace “a petición del Partido Acción Nacional”.

De inmediato, el análisis de la fundación panista agrega: “Sin embargo, la viabilidad de esta alternativa (la liquidación) se estrella con el componente político causado por la resistencia del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) por cuyos intereses económicos la empresa está capturada y es explotada. No obstante el hecho anterior, esta alternativa debe ser considerada seriamente por el gobierno a pesar de las resistencias del SME”, y añade que es necesario buscar acuerdos y compromisos con los trabajadores afiliados a esa organización sindical porque “es tiempo ya de que el SME deje de ser un obstáculo para la modernización de la empresa”.

En apenas cinco cuartillas, el análisis de la Fundación Rafael Preciado Hernández demuele a la empresa y a sus trabajadores con cifras sobre sus pérdidas y productividad; costos y salarios; prestaciones laborales, jubilaciones, y las compara con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y los trabajadores de ésta.

Larga es la lista y hay datos que son ya conocidos públicamente. Algunos de los que utiliza la fundación panista son, por ejemplo, el que desde 1994 hasta 2007, el resultado neto financiero ha sido deficitario, salvo en 2006, pero porque ese año las transferencias económicas del gobierno federal fueron superiores a las pérdidas del ejercicio. La razón es sencilla: los costos de producción son superiores a los ingresos por venta de los servicios eléctricos.

Y además, afirma que “el contrato colectivo de trabajo del SME es el más caro y oneroso del país” ya que “para el promedio de las actividades económicas del país, el salario medio cotizado en el IMSS es de $198.22 mientras que el salario medio de los trabajadores del sector eléctrico es de $425.96” y enumera muchas de las prestaciones laborales, consideradas privilegios de la burocracia, que no son en nada diferentes a las de los trabajadores afiliados a sindicatos de dependencias oficiales o empresas estatales y paraestatales.

Entonces, y en congruencia también con su línea histórica, es absolutamente explicable y la postura del gobierno federal y de su partido frente a Luz y Fuerza del Centro y al SME.

No hay sorpresa. Tampoco engaño.

Lo absolutamente inexplicable es que, hasta ahora, no ha habido el mismo trato para otras empresas paraestatales y sus sindicatos, que están en igual situación, producto del ejercicio de un sindicalismo corrupto y corporativista prohijado durante muchos años por los distintos gobiernos posrevoluionarios.

Lo que no se comprende es que un líder de ese despreciable sindicalismo, quien puso a su gremio en oferta a quien le ofreciera un mejor lugar en la lista de candidaturas a diputado plurinominal, es hoy miembro de la bancada parlamentaria panista: Valdemar Gutiérrez Fragoso, dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social.