En este país tan dado al maniqueísmo, donde todo es blanco o negro —como lo demuestra, por ejemplo, el debate en torno del Sindicato Mexicano de Electricistas—, una señal de que un servidor público está haciendo bien su trabajo es que concite simultáneamente el rechazo de las facciones políticas extremistas de derecha e izquierda.

En esa situación se encuentra Emilio Álvarez Icaza, quien recientemente terminó su período como presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y es ahora uno de los candidatos inscritos para contender por la titularidad de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

La ley prevé que elombudsman nacional sea elegido “por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores”, un proceso que está actualmente en curso para designar al sucesor de José Luis Soberanes para el próximo lustro.

Y aunque el trabajo de revisión de la trayectoria de los aspirantes apenas está por comenzar, a Álvarez Icaza —quien se registró el pasado viernes— ya se la tienen jurada dos grupos de senadores, ubicados en uno y otro extremo del espectro ideológico de la Cámara.

Por un lado, su defensa del derecho legal que tienen las mujeres en la capital de la República de interrumpir su embarazo le ha valido la animadversión del núcleo duro de senadores panistas encabezado por la chihuahuense Teresa Ortuño y el poblano Jorge Ocejo. Estos, como suelen hacer los extremistas de su estirpe, buscan imponer su moralidad y su visión sobre la vida y la muerte al resto de los mexicanos. Su queja es que Álvarez Icaza, quien es católico, no haya secundado la acción de inconstitucionalidad que promovió Soberanes contra la reforma que despenalizó el aborto en el DF.

Por otro lado, los senadores devotos de Andrés Manuel López Obrador, como la tabasqueña Rosalinda López y el zacatecano Ricardo Monreal, pretenden bloquear la elección de Álvarez Icaza a fin de cobrarle la recomendación que hizo al entonces jefe de Gobierno interino del Distrito Federal, Alejandro Encinas, sobre su inactividad respecto del plantón que simpatizantes lopezobradoristas mantuvieron en el corredor Reforma-Centro, durante 47 días del verano de 2006, para protestar contra el resultado de la elección presidencial. De acuerdo con la recomendación, el cierre de las avenidas afectó gravemente el libre tránsito de los capitalinos y la actividad comercial en la zona.

Resulta inadmisible que el proceso para renovar la presidencia de un organismo público autónomo tan importante para la vida del país, como es la CNDH, comience con el veto contra uno de los aspirantes, sobre todo cuando las razones que se esgrimen nada tiene que ver con la capacidad de Álvarez Icaza para desempeñarse en el cargo.

Es de destacarse la experiencia que ha acumulado el ex titular de la Comisión de Derechos Humanos del DF en defensa de las garantías individuales, y el reconocimiento que su trabajo ha recogido en muchos sectores de la sociedad.

Álvarez Icaza se ha ganado el derecho de que el Senado lo escuche y tome en cuenta seriamente su candidatura. Por eso los líderes senatoriales deben hacer todo lo posible por impedir que prevalezcan las visiones sectarias en este proceso. Recordemos que el veto de 43 senadores podría anular el voto de los otros ochenta y cinco.

Al cerrarse antier el plazo de inscripción, se habían registrado 33 candidatos para suceder a Soberanes. Entre ellos están Mauricio Farah,José Francisco Gallardo, Luis Raúl González Pérez, Guillermo Herbert, Gerardo Laveaga, Javier Moctezuma Barragán, Guadalupe Morfín, Patricia Olamendi, Raúl Plascencia y Ricardo Sepúlveda, además de Álvarez Icaza. La mayoría de los 33 tiene biografía interesante y —unos más, otros menos— conocimiento del tema de derechos humanos. Sería realmente lastimoso que no se diera a cada una de esas candidaturas el análisis que merece.

Y, salvo que quieran persistir en las prácticas que han dado al traste con la imagen de los políticos en general, los senadores deben abjurar de las prácticas de toma y daca con que muchas veces se han renovado los mandos en organismos públicos, como el IFE. La elección del próximo ombudsman debe hacerse mediante un proceso transparente, desprejuiciado e independiente de la designación del gobernador del Banco de México, dos ministros de la Suprema Corte de Justicia, el auditor Superior de la Federación y dos comisionados del Instituto Federal de Acceso a la Información. Sería aberrante que los partidos se repartieran esos cargos como si fueran fichas de dominó.

En el caso de la CNDH, los partidos deben recordar que se trata de una institución indispensable para hacer efectivos el equilibrio de Poderes y la rendición de cuentas. Tener como presidente de la Comisión a un aliado incondicional del Ejecutivo o a una persona comprometida con determinado partido político o prejuiciada a favor o en contra de alguna institución en concreto sería un gravísimo error.

Es evidente que la CNDH tiene que trabajar mucho con la sociedad para ganar la estatura moral que requiere a fin de ser considerada una auténtica defensoría de los ciudadanos. Por eso es indispensable una elección cuidadosa por parte del Senado.