En el marco del 35 aniversario del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) fue invitado la semana pasada el profesor Jon Elster, conocido internacionalmente por sus aportes a la teoría de la acción colectiva y de elección racional. Presentó una interesante reflexión sobre las contradicciones que diversas fórmulas y arreglos electorales suelen presentar entre dos valores caros a la democracia política: la justicia (en términos electorales) y la gobernabilidad. Favorecer en exceso a una de ellas puede afectar gravemente a la otra, por lo cual siempre conviene buscar algún punto de equilibrio, donde la búsqueda de gobernabilidad no sacrifique la justicia, pero ésta no obstruya la toma de decisiones. Los excesos democráticos destruyen la democracia. Un ejemplo típico lo constituye la fórmula de mayoría relativa versus la de representación proporcional: la primera es más eficaz para formar mayorías que finalmente favorezcan la gobernabilidad, pero genera la sobrerrepresentación del partido mayoritario. La representación proporcional es más justa, equipara el porcentaje de votos con el porcentaje de escaños para todos los partidos (que superen cierto umbral legalmente determinado), pero eso tiende a fragmentar en exceso al Congreso, haciendo más difícil la toma de decisiones. Es decir, eso dificulta la gobernabilidad.

Si, por ejemplo, en México tuviéramos sólo la fórmula de mayoría relativa, el PRI, que ganó en 184 de los 300 distritos legislativos, tendría 61% de las curules, siendo que obtuvo sólo 39.5% de la votación efectiva, un 21% de sobrerrepresentación. Mientras que el PAN tendría sólo 23% de los diputados, habiendo captado 30% de votación efectiva. La fórmula de 300 diputados de mayoría y 100 de representación proporcional me parece adecuada (siempre y cuando se reinstaure la reelección consecutiva de legisladores, pues de otra manera los distritos de mayoría no tienen ningún sentido, al estar concebidos para fortalecer la relación entre electores y representantes, así como la rendición de cuentas de los segundos).

Elster planteó también un asunto de gran interés, pero sumamente polémico. En la actualidad, hemos aceptado pocas restricciones para votar, pero bastantes más para ser votado, bajo la convicción de que así se elevará la probabilidad de que quienes sean elegidos (en cualquier nivel) estarán mejor calificados para desempeñar su cargo. Sin embargo, los muchos electores poco politizados fácilmente pueden inclinarse por candidatos que sean atractivos en algún aspecto, pero en absoluto idóneos para gobernar; las aptitudes para ganar una elección no siempre se corresponden con las necesarias para gobernar. Sobran ejemplos del pasado y del presente, en México y el resto del mundo. Además, sabemos que ciertos sectores son susceptibles de vender su voto, con lo cual el sufragio pierde racionalidad si lo que se busca es elevar la calidad de gobernantes y legisladores.

El criterio inverso, paradójicamente —dice Elster—, podría ser menos justo, pero más eficaz para elevar la calidad de los gobernantes. Restringir el universo de los votantes a partir de ciertos criterios socio-económicos (escolaridad, politización, edad), pero ampliar el de los elegibles, bajo la consideración de que los más aptos para votar no se inclinarán por los menos aptos para gobernar (y su voto difícilmente sería manipulado). Incluso, ese electorado selecto podría considerar en su decisión a algunos miembros de los segmentos excluidos para votar, pero que muestren a nivel individual aptitudes políticas. Esa fue una peculiaridad de la Constitución danesa de 1849, que exigía al menos tener 30 años para votar, pero permitía ser diputado a los 25. Se consideraba que la mayoría de los jóvenes no poseían elementos suficientes para hacer una buena elección, pero que algunos de ellos podían ser excelentes legisladores, por lo que a los jóvenes no debía excluírseles como elegibles. La paradoja de la eficacia electoral, podríamos llamarle. Desde luego, el criterio de elevar las condiciones para ejercer el voto, siendo racional a partir de este alegato, sería vista hoy como una regresión inaceptable, pues el sufragio prácticamente universal se ha impuesto en el mundo más civilizado. Pero de ahí a que sea lo óptimo en términos de gobernabilidad —sugiere Elster— hay gran distancia.

Los más aptos para votar no se inclinarán por los menos aptos para gobernar (y su voto difícilmente sería manipulado).

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