El anuncio que hicieron el Presidente de la República y el secretario de Hacienda este 1 de octubre acerca de la modificación del régimen de inversión de las afores para permitir que un porcentaje mayor de los recursos que los trabajadores tienen en ellas se invierta en “obras de infraestructura” mediante “instrumentos estructurados”, lejos de desatar críticas y rechazo mereció la aprobación unánime de quienes sin tener en ellas un peso salivaron al pensar en el flujo casi inagotable de recursos públicos del cual dispondrán en 2010 —como en años anteriores— para dilapidar con total impunidad.

En 1996 —gracias a las ideas expresadas por el doctor Isaac Katz en una conferencia impartida en Ciudad Obregón—, tuve la oportunidad de conocer el significado del concepto “Los derechos de propiedad” y la importancia que estos tienen en el crecimiento económico. Definirlos para que no quede el menor espacio para el abuso además del respeto pleno de los mismos puede ser, en ciertos momentos para un país, la diferencia entre crecer o no crecer.

Creo no equivocarme si afirmo que tanto el doctor Katz como un puñado de estudiosos y comentaristas —Roberto Salinas, RicardoMedina, Luis Rubio, Sergio Sarmiento y Roberto Newell del IMCO— han venido arando en el desierto en esta materia. Tal parece que a nadie le interesa el tema, y menos abogar por la definición y respeto de aquellos; por el contrario, validamos decisiones arbitrarias sin señalar el daño que a la confianza generan y aplaudimos cuando el burócrata decide apropiarse de recursos de cualquier índole, como parece sucederá otra vez con una parte de los recursos ahorrados por millones de trabajadores.

Sin embargo, no es nuevo el despojo del ahorro del trabajador; lo hizo la alta burocracia en el IMSS y el Infonavit y lo olvidamos, o nos negamos a reconocerlo. Hoy, el simple anuncio de tomar lo que no es suyo por parte del gobierno federal, no ha merecido crítica alguna por parte de los partidos y sus legisladores. Por el contrario, éstos han aplaudido el simple anuncio cuando ni siquiera está definido el mecanismo que les permitiría realizar el despojo, tomar lo que no es suyo e invertirlo en lo que ellos —con su sabiduría— consideran que es mejor para los dueños del recurso: los trabajadores.

Lo que distingue al Presidente y al secretario de Hacienda así como a decenas de aplaudidores, son la amnesia y el desprecio de los derechos de propiedad de quien ha generado —con su trabajo— esos recursos. Qué lo haga el político cuya incapacidad no le permite más salida que el despojo, es entendible; pero que un doctor en economía de la Universidad de Chicago “teorice” para justificar lo injustificable, es el acabose.

¿Quién los facultó —a aquél y a éste— para disponer de lo ajeno? ¿Su miedo a recortar el gasto? ¿“Les vale” que sus dueños no vayan a ser consultados en modo alguno? ¿Piensan que basta con mencionar en un discurso, eso de “instrumentos estructurados”?

Las experiencias del IMSS e Infonavit deberían haber bastado; sin embargo, no fue así. Los que hoy van a disponer de lo ajeno, citan como apoyo del despojo que esto se hace en otros países como si allá fueran igual de pícaros e incapaces que nosotros.

Además, se aplauden; ¡qué poca!