Para Mercedes Sosa, cuya voz nos llenó el alma en tantas ocasiones.

Hoy es un día clave para el gobierno de Calderón. Hoy el secretario del Trabajo Javier Lozano (quizás el más eficiente operador político del equipo del Presidente) le informará al líder del Sindicato Mexicano de Electricistas, Martín Esparza, que no le otorgará la toma de nota que le permita continuar al frente del sindicato luego de las elecciones fraudulentas con las que intentaba reelegirse. Y comenzará la cuenta para atrás con el fin de saber cuándo se pasará del conflicto sindical a lo que es el verdadero eje de la confrontación: la liquidación de Luz y Fuerza del Centro.

Es un momento clave porque se ha dicho (y en muchas ocasiones los hechos así parecen confirmarlo) que a esta administración le cuesta demasiado trasladar sus inquietudes y propuestas políticas a la realidad. A veces es responsabilidad del gobierno, en ocasiones falta de interés del Congreso para sacar adelante iniciativas que deben contar con su aprobación, en algunas oportunidades el sistema de justicia simplemente tiene métodos y tiempos que ni hacen justicia ni ayudan a la gobernabilidad (ahí está el caso Napo), a veces son las tres cosas, pero lo cierto es que la operación política, el sacar adelante reformas reales o el simple ejercicio del poder, se torna tortuoso y sin resultados palpables.

Esta será la prueba de fuego real de la administración de Calderón ante un desafío que inevitablemente debe asumir: no es admisible que en un momento de crisis económica, con un incremento de seis millones de personas viviendo en la pobreza (en dos años, la cifra es brutal, pasó de 14 a 20 millones el número de pobres, anunció el propio Calderón el viernes), con un debate sobre la forma de encontrar recursos para financiar los programas sociales y de infraestructura, se tenga que subvencionar a una empresa con poco más de 40 mil millones de pesos al año y que, además, casi todo ese dinero se vaya en gasto corriente, se brinde un servicio malo por la estructura empresarial y el intransitable contrato colectivo de trabajo.

No puede ser que una empresa tenga 40 mil trabajadores con condiciones laborales inéditas para el resto del país, cuando, cumpliendo con los parámetros de la Comisión Federal de Electricidad, necesitaría sólo nueve mil y podría brindar un mucho mejor servicio. Imagine usted que LyFC estuviera como la CFE en números negros y que se tuviera la disponibilidad de invertir, esos casi cuatro mil millones de dólares que hoy se arrojan al vacío, en obras de infraestructura energética. Estamos hablando que el subsidio de Luz y Fuerza equivale a prácticamente todo lo que se podría recaudar con el controvertido impuesto de 2%, más que todo lo que se recaudará por el aumento del más que controvertido impuesto a la cerveza o de lo que incorporará a las arcas públicas el incremento de dos puntos del ISR.

La empresa, hay que recordarlo, estaba quebrada desde que la “nacionalizó” el gobierno de López Mateos. Ya en el de Luis Echeverría se había tomado la decisión de fusionarla con la CFE pero, como ocurrió desde entonces un sexenio tras otro, por razones políticas, sobre todo por la relación con el sindicato, se postergó la medida, pero se cayó en el chantaje del SME y se fue incrementando un contrato colectivo que hoy resulta más inmanejable que nunca y que está en el corazón de la falta de inversiones y el deterioro del servicio porque, cada vez más, los recursos y el subsidio siempre creciente, se canalizan al gasto corriente.

El tema es clave, decisivo para la administración pero, más allá, para demostrar que existe voluntad de cambiar las cosas en muchos ámbitos. Hoy Brasil nos está ganando en todo, ya no sólo en el futbol. Muchos olvidan que la piedra de toque para cambiar las cosas se dio en el gobierno de Fernando Henrique Cardoso, cuando decidió, para renovar el sector, romper con el sindicato y las trabas de una entonces deficitaria empresa petrolera como Petrobras. Cuando allí se pudo se comprobó que se podían cambiar las cosas en muchos otros ámbitos. Eso es lo que se debe demostrar hoy.

No puede ser que una empresa tenga 40 mil trabajadores con condiciones laborales inéditas para el resto del país.

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