El nombramiento de ArturoChávez Chávez como procurador general de la República refleja el grado en que nuestros procesos institucionales se han desvirtuado. Es uno de los pocos nombramientos del gabinete que el Presidente no puede hacer a partir de sus criterios y necesidades, dada la importancia del cargo en cuestión, y por ello debe ratificarlo el Senado. Se supone que la Cámara alta debe revisar que la propuesta del Ejecutivo no sólo sea elegible legalmente, sino también —y sobre todo— tenga una trayectoria profesional que lo respalde para la gran responsabilidad que asumirá, así como un mínimo de ética pública. Chávez claramente no cumple esos requisitos: su desempeño como procurador en Chihuahua, bajo el gobierno de Francisco Barrio, no fue precisamente brillante. Numerosos organismos de derechos humanos (incluida la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en su momento), así como los familiares de muchas mujeres asesinadas en Ciudad Juárez durante el mandato de Chávez, testifican su ineptitud, descuido e incluso indiferencia en ese doloroso asunto. Difícilmente la opinión pública podrá confiar en un personaje que mostró tanto desdén por las víctimas de aquellos años. Y, por eso mismo, el Senado tendría que haber cumplido su papel de “filtro” ante una propuesta presidencial tan cuestionada y poco sólida.

Los senadores del PRI, sin cuyo respaldo difícilmente pudo ser ratificado Chávez, decidieron finalmente dar su aval, pese a que varios jefes priistas habían señalado las deficiencias y dificultades de esa candidatura. La explicación formal del voto prista es que la siguiente candidatura pudo haber sido peor. Con esa lógica, bien podríamos ahorrarnos el trámite de la ratificación senatorial, pues cada vez que se presentase un candidato, por malo que fuera, se podría argüir que viene alguno peor, como si el Senado no pudiera rechazar las propuestas presidenciales tantas veces como haga falta. No sé a quién se le ocurrió el argumento de que si se rechazaba a Chávez se tendría, casi por obligación, que aceptar la siguiente propuesta (se hablaba de Juan Miguel Alcántara, panista cercano también a Diego Fernández de Cevallos, como Chávez, que fue procurador en Guanajuato bajo el gobierno de Carlos Medina Plascencia). Se dijo incluso que esa había sido la estratagema de Calderón: mandar un cartucho quemado como primera propuesta, para allanar el terreno a su verdadera preferencia. ¿Pero en qué parte de la ley dice que el Senado está obligado a aceptar en automático la segunda propuesta presidencial, si rechazó la primera? La obligación del Senado, de habérsela tomado en serio, era no permitir que llegara a la PGR alguien sin el perfil mínimo satisfactorio, en lugar de preservar un bajísimo nivel de exigencia. Cada rechazo no hubiera implicado un costo político para el Senado, sino principalmente para la Presidencia de la República, por proponer malos prospectos.

Sin embargo, lo más probable es que la razón del voto priista no haya sido ese absurdo argumento de que “el siguiente pudo haber sido peor” —que denigra al Senado— sino que el PRI haya negociado con el gobierno y el PAN alguno de los cargos que en breve se designarán en varias instancias de la mayor importancia, como la CNDH, o dos comisionados del IFAI (uno para Los Pinos-PAN, otro para el PRI) o dos asientos en la Suprema Corte. De haber sido así (tesis nada descabellada), sería un nuevo indicio de que el modelo de designación de tales cargos por parte de los partidos políticos (a través del Congreso) está ya plenamente agotado, y que conviene explorar una nueva fórmula más funcional, no a los partidos, sino a los que se supone somos sus representados y aportamos su manutención financiera. La aprobación de Chávez debilita la postura que impulsa que todos los miembros del gabinete sean ratificados por el Congreso. Ese cambio no serviría a los ciudadanos, sino a la oposición, que adquiriría así nuevas fichas de negociación para el reparto de cuotas partidarias, como probablemente ocurrió con la PGR.

La aprobación de Chávez Chávez debilita la postura que impulsa que todos los miembros del gabinete sean ratificados por el Congreso.