Seguramente Agustín Carstens y Fernando Gómez Mont acordaron la contribución especial de 2% con el PRI antes de proponerla al Legislativo en el paquete fiscal.

De hecho, trascendió que originalmente el gobierno quería que este impuesto, porque eso es lo que es, fuera de 8%, y que si quedó en dos fue porque el PRI simplemente dijo no a tan elevada contribución. No al ocho, sí al dos.

Entonces, si el 2% se planchó con el PRI, ¿por qué ahora escuchamos a diputados destacados de ese partido, como Luis Videgaray o Jesús Alberto Cano Vélez, decir que no; que ese impuesto no les gusta y que no pasará?

¿Estaremos de nuevo ante un escenario como el de 2003, cuando creímos que Fox había planchado con Elba Esther Gordillo la reforma fiscal que al final no se aprobó?

Un escenario en donde el gobierno cree que pacta con el principal partido de oposición, pero en realidad lo hace con parte de su cúpula y, por eso, lo que se acuerda no siempre puede ser respetado.

En ese diciembre de 2003, ante un fracaso más del gobierno, Vicente Fox declaró que “el país no puede ser rehén de los conflictos de grupo en el interior de un partido”.

Pues ese escenario sigue imperando. Y es que algo pasa en la relación Ejecutivo-Legislativo que los acuerdos fundamentales que permitirían a México avanzar simplemente no se concretan. O nos quedamos sin reformas, como sucedió desde 1996 hasta 2006, o con reformas posibles, pero insuficientes, como las que han sido aprobadas en este sexenio.

¿Qué es ese algo que nos condena a la parálisis?

Algunos hemos dicho que el país no avanza por la falta de rendición de cuentas de la clase política hacia los ciudadanos. Que por ello es fundamental la reelección legislativa.

El problema es que, cada vez, las pocas veces que este tema se ha discutido, algo sucede que no pasa la reforma al 59 constitucional. Ese algo se ha atribuido al miedo de la cúpula partidista a perder el control sobre los miembros de su instituto político.

Pero hoy, ante la presencia de profundas divisiones internas en los partidos, que se hacen evidentes por la falta de individuos con quien forjar consensos, ese argumento se vuelve endeble.

Cuando Fox pactó con Elba Esther la reforma fiscal, fue claro que La Maestra ya no controlaba a sus huestes en el Legislativo... aun cuando ella y el gobierno así lo creían. Y hoy, cuando queremos suponer que Calderón acordó el 2% con Beatriz Paredes y Manlio Fabio Beltrones, todo indica que ninguno ejerce dominio sobre sus bancadas.

Luis Videgaray, por ejemplo, es sabido que a quien “obedece” es a Peña Nieto. Y si al gobernador del Estado de México no le gusta ese 2% (como lo dijo en entrevista Frente al País), pues Videgaray no lo va a apoyar aun cuando Beatriz Paredes así se lo pida.

Es evidente entonces que una de las premisas que detenía a los diputados y a los senadores de aprobar la reforma al 59 para permitir la reelección legislativa es ya inválida.

Desde hace tiempo no hay ya control de las cúpulas partidistas sobre todos sus integrantes.

Así, ahora es cuando.

Es momento, no sólo de discutir, sino de aprobar la reelección en el Legislativo para COMENZAR (así en mayúsculas, porque no será tampoco la panacea) a romper uno de los grandes lastres del sistema político mexicano: la falta de rendición de cuentas.

Algo pasa en la relación Ejecutivo-Legislativo que los acuerdos que permitirían al país avanzar simplemente no se concretan.