Siempre lo he dicho, en México no hay nada más agravante que nacer mujer, pobre y además indígena. Y el caso de Jacinta Marcial es sólo uno de muchos en que los juicios a indígenas están llenos de irregularidades. En realidad, cientos están en prisión porque en la mayoría de los casos nunca tienen un abogado defensor o de oficio que hable su dialecto o lengua. Es una falta grave de la justicia cuando, en México, 10% de la población es indígena. A los periodistas no nos toca juzgar si una persona es culpable o inocente, pero sí vemos que estas irregularidades llevaron a la PGR a informar que Jacinta fue liberada porque el fiscal presentó pruebas no acusatorias por lo que llamó “duda razonable”.

¿Qué quiere decir esto?: que si bien en un principio se dijo que hubo pruebas suficientes para ejercitar la acción penal, también, durante el proceso, hubo contradicciones que resultaron en un auto de libertad. En los hechos, Jacinta estuvo tres años en la cárcel. ¿Qué pasó allí? La acusación fue directa y clara, además contra sus compañeras Teresa González y Alberta Alcántara, quienes siguen presas. En la crónica de los hechos, el 26 de marzo de 2006, Jacinta fue acusada de secuestrar a seis agentes de la AFI en un operativo contra la piratería en el tianguis de Mexquititlán, Querétaro, y fue sentenciada a 21 años. Pero, insisto, la justicia corrigió. Alberto Brunori, representante en México de la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, dijo que “el caso de Jacinta evidencia las dificultades para las mujeres indígenas al acceder a un sistema de justicia que garantice su derecho al debido proceso, como contar con un perito traductor, que se respete su presunción de inocencia y no ser sometidas a una indebida dilación del proceso, entre otras”. Y es que en el momento de su captura, la otomí nunca supo por qué. Hasta ahora, tres años después, sabe español, pero jamás tuvo el más elemental derecho de réplica. Hace apenas unos días, la delegada de la PGR, Norma Patricia Valdés Argüelles, insistió en acusar a las tres. Reiteró que incitaron a 200 habitantes de ese pueblo, a secuestrar a los agentes.

Jacinta me hace recordar la vigencia que tienen obras como Los indios de México, sobre los primeros mexicanos, de ese gran periodista Fernando Benítez. Hombres y mujeres de más de 45 grupos étnicos que son, según el más reciente censo, diez millones de indígenas, secuestrados durante tres siglos de Conquista y cinco de cacicazgos, por la discriminación, el rezago educativo, la injusticia y la miseria.

Jacinta ya está libre, hoy dará una conferencia de prensa en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. Como dijo el representante de las Naciones Unidas, en su caso y en el de las otras dos mujeres presas, “una vez libres, podrán acceder a mecanismos legales para demandar la reparación por las violaciones a sus derechos humanos. Y, al mismo tiempo, las autoridades mexicanas podrán adoptar las medidas necesarias para evitar que estos hechos se repitan”. Hoy que está libre Jacinta no podemos dejar de pensar en la larga cadena de aberraciones jurídicas ampliamente documentadas ante la opinión pública. Y su libertad es un acto de justicia, pues implica reconocer que la acusación estaba viciada de origen. Hay, además, quienes dicen que la liberación de Jacinta debe suponer la excarcelación de Teresa y Alberta. Lo cierto es que, el caso de ellas tres, obliga a una revisión de la disfuncionalidad en el sistema de justicia por quienes son víctimas de su identidad de género, origen étnico o posición social. Es exigible que, en pleno siglo XXI, deje de ser agravante ¡ser mujer, ser pobre o ser indígena!

El 26 de marzo de 2006 fue acusada de haber secuestrado a elementos de la AFI durante un operativo contra la piratería.