Para Marcelino Perelló, con el deseo de su pronta recuperación, porque el país necesita de su indomable irreverencia y su inteligente rebeldía.

No hay mal que por bien no venga, dice el muy optimista lugar común, una de esas frases hechas de las que se recomienda huir en el trabajo periodístico.

Sin embargo, por los acontecimientos recientes relacionados con el ejercicio de los recursos públicos y la administración de los bienes que pagan los contribuyentes, uno debe concluir que la sabiduría popular no se equivoca.

La recesión que vive México—en parte por el contagio del entorno mundial, pero más por la irresponsabilidad de gobernantes que creyeron que la abundancia del petróleo sería eterna— está dando lugar a una nueva actitud ciudadana frente al uso de esos recursos y esos bienes.

Si durante muchos años la corrupción y el despilfarro de los funcionarios y representantes topaban con una postura resignada de la mayoría de los ciudadanos, ahora están siendo sometidos a un escrutinio puntual y severo.

Así, la resistencia que vemos hacia un eventual aumento en el cobro de impuestos tiene menos que ver con un espíritu tacaño —creo que la mayoría entiende que el Estado requiere de más recursos para hacer frente al desastre de las finanzas públicas— que con una irritación por la forma en que se sigue usando el erario.

Por desgracia, la alternancia política no ha significado un manejo más responsable del dinero de los contribuyentes.

¿Cómo explicar que un partido como el PAN, que ideológicamente se pronuncia por un adelgazamiento del aparato gubernamental, haya multiplicado el número de puestos de dirección en la administración pública federal?

Un ejemplo de ello es que, en el sexenio del último presidente surgido del PRI, la Secretaría de Gobernación –con muchas más funciones que ahora—tenía 30 direcciones y ahora cuenta con 150.

Por cierto, una de esas direcciones es la de Medios Impresos, cuya existencia es un verdadero despropósito puesto que, a diferencia de la radio y la televisión, que emplean el espacio público para difundir su señal, la actividad de los periódicos y revistas no tiene por qué ser normada por la Segob.

¿Realmente debe el erario cargar con una estructura burocrática cuya misión, según la página internet de la dependencia, es “conducir la relación del Gobierno Federal con los medios impresos”?

No será tan imprescindible su labor puesto que, en mi condición de director editorial de este periódico, jamás he cruzado palabra con la licenciada en filosofía Alma Álvarez Villalobos, quien funge como titular de esa dirección general. ¿Cuánta gente trabaja en su área y cuánto cuesta mantener esa estructura? Sería bueno saberlo.

Tampoco puede entenderse como una buena práctica que el número de funcionarios que ganan mensualmente cien mil pesos o más, se haya casi duplicado durante este gobierno, al pasar de cuatro mil 612 a siete mil 568, como informó Excélsior el jueves pasado.

En los otros dos Poderes, la austeridad tampoco ha sido la norma. Miles de millones de pesos del erario se van en salarios y prestaciones que nada tienen que ver con la realidad del país. Gastos de representación, viajes, áreas de esparcimiento, vehículos y otras comodidades se pagan manera rutinaria en el Congreso de la Unión y el Poder Judicial, con una mínima rendición de cuentas y una nula vergüenza.

Pero si eso pasa a nivel federal, en las entidades federativas las decisiones sobre cómo se gastan los recursos y se administran los bienes públicos son mucho más discrecionales y poco se sujetan a los criterios de transparencia.

Por ejemplo, acabamos de ver cómo el gobierno de Sonora, a punto de concluir el mandato del gobernador Eduardo Bours, intentó poner a la venta la empresa estatal Telemax mediante una licitación que fue calificada de ventajosa, pues las condiciones que imponía restringían severamente el número de participantes en la convocatoria. Esto hizo sospechar que se trataba de una maniobra para que Megacable, la empresa de telecomunicaciones de la familia Bours, se quedara con Telemax.

Algo similar se quiso hacer a finales del gobierno del presidente Vicente Fox, cuando se emitió una convocatoria de licitación para la fabricación de cédulas de identidad con chip, bajo el nombre rimbombante de Formas Numeradas Multiaplicativas (Fornum). El concurso también parecía tener dedicatoria, pues las bases de la licitación exigían el uso de una plataforma digital con cuya licencia contaba una sola empresa.

En ambos casos, sobre los que informó ampliamente Excélsior, la exigencia ciudadana de que no se utilice el poder público para otorgar beneficios a determinados individuos o empresas fue determinante para echar atrás esos procesos (el primero se canceló ayer y el segundo se declaró desierto a pesar de que ya se había designado a un ganador).

Afortunadamente, se ha abierto paso una mayor conciencia y vigilancia de la ciudadanía, y más vale que estos funcionarios y representantes inescrupulosos lo tomen en cuenta.

Y la recesión ha acelerado la impaciencia ciudadana con quienes creen que están en los cargos públicos para servirse y no para servir.

Por eso, si se quiere que la ciudadanía comprenda que la situación de las finanzas públicas hace necesario aumentar los impuestos, el Ejecutivo y el Congreso tendrán que mostrar su disposición de empatar sus gastos con la realidad del país y demostrar que trabajan con eficacia y honestidad.

Pero como nadie se vigila bien a sí mismo, es también hora de ampliar y fortalecer las facultades de la Auditoría Superior de la Federación.

Eso empieza por darle autonomía a esa institución, la única con que cuentan los ciudadanos para poner freno a los abusos, la corrupción y el desperdicio en que siguen incurriendo muchos servidores públicos.