Que a nadie le gusta pagar impuestos, ya se sabe. Lo ha sido históricamente. No es novedad. Por ejemplo, el relato bíblico dice que uno de los cuestionamientos hacia Jesús, el Cristo, era que entre sus discípulos había un tal Mateo Leví, que le provocaba una mala imagen entre el pueblo judío, dirían los comunicólogos modernos, ya que el oficio de a quien se le atribuye el primer Evangelio era el de recaudador de impuestos en Judea para el Imperio Romano. Este escribidor supone, sólo supone, que la mala fama de los tributos proviene de mucho tiempo atrás.

Los tributos, las contribuciones, los impuestos existen desde que se formó el Estado. La contribución de los ciudadanos es la forma más sana que tiene el Estado para financiarse. Los mexicanos sabemos o deberíamos saber que también existen otras formas para el financiamiento público: la deuda externa (que se dijo por mucho tiempo que provocaba la pérdida de la soberanía) e interna, la emisión de circulante (la maquinita de hacer billetes) y el aumento en los precios de bienes y servicios públicos que produce el propio Estado.

Estas tres formas ya fueron experimentadas ampliamente en México en los años ochenta del siglo pasado por sus gobiernos priistas y el resultado, que todos conocimos o deberíamos de conocer o de reconocer, fue una galopante inflación, que dicen los clásicos es el peor de los impuestos… sobre todo para los que menos tienen, es decir los pobres.

Los comunicólogos del gobierno de México, por consiguiente los de la Presidencia de la República, debieron tomar en cuenta esa circunstancia cuando la Secretaría de Hacienda anunció los criterios de la política económica para el presupuesto federal de 2010. En estas épocas, yo ignoro si también en la bíblica, algunos que se llaman expertos y que por ello son contratados dicen que las percepciones son más importantes que la realidad, sobre todos después del mensaje de Felipe Calderón del 2 de septiembre en Palacio nacional, con motivo de su Tercer Informe de Gobierno.

Es ya lugar común, y ustedes saben que en esta columna se respetan los lugares comunes, decir que uno es el presidente Calderón de ese discurso y otro, muy distinto, el que se percibe después del anuncio del paquete fiscal para el próximo año.

Y no les falta razón a quienes lo afirman: de un líder decidido para sacar al país de la crisis y hacerlo avanzar hacia el futuro pasó en pocos días seis en totala uno que se percibe apurado por la inmediatez de tapar lo que se ha dado en llamar un boquete fiscal. Lo peor: la percepción popular es que se intentó hacer pasar a un nuevo impuesto como un aumento disfrazado al IVA y ello ha contaminado cualquier discusión.

¿Qué hubiera pasado si el Poder Ejecutivo propone una reforma fiscal integral que cambiara realmente y de fondo a nuestro arcaico y desigual sistema tributario, que provoca que México sea uno de los peores países en el índice de recaudación fiscal, al nivel de Haití? Pues, sencillo y no se necesita ser experto para saberlo o intuirlo, lo mismo: rechazo, pero al menos la discusión, el debate, hubiera empezado con el listón más alto.

Ahora bien, no todo está perdido. La propuesta del presidente Calderón esta en el Congreso. Ahí hay oficialmente 628 legisladores, excelentes opinadores, como el autor de esta columna, pero ello sí con una responsabilidad pública por la cual los mexicanos les pagamos demasiado bien, para mejorarla.

Hay que recordar que, en México, los presupuestos federales de ingresos y egresos son resultado de una ley que por ley, usted perdonará la redundancia—su aprobación es atributo exclusivo del Congreso de la Unión, cuyos integrantes, todos, tienen la obligación de velar por los intereses de los ciudadanos a quienes, constitucionalmente, representan. Ellos también tienen los atributos legales necesarios para hacerlo. Por supuesto será necesario que se pongan de acuerdo.

Si no ocurriese así, es urgente que los mexicanos, todos, pensemos en un nuevo sistema político de gobierno cuya prioridad sean los ciudadanos. No hay de otra.