Al final del proceso para promulgar la nueva Ley General de Turismo, algunos especialistas opinaron que corría el riesgo de que se convirtiera en “letra muerta” y ahora hay más elementos al respecto.

Sin duda, uno de los aspectos más controversiales es el Registro Nacional de Turismo, pues no está bien acotado cuáles son las empresas que deben formar parte del mismo.

Pero, además, para ser implementado, requiere nuevas plazas burocráticas y éstas tienen que ser aportadas ni más ni menos que por los estados y no por la Federación.

En el mismo sentido se encuentra el tema de la verificación de la calidad de los servicios, en este caso con el agravante de que en el pasado originó problemas importantes de corrupción.

La situación para el secretario de Turismo, Rodolfo Elizondo, es cómoda, pues el Poder Legislativo se atribuye la autoría de la ley y por tanto él no es responsable de estos problemas.

Pero, además, resulta que de manera personal sabe que ambos asuntos pueden dar origen a situaciones indeseables y concretamente el de revisar la calidad de los servicios fue en el pasado origen de corrupción por parte de inspectores, que otorgaban estrellas hoteleras al gusto de los postores.

Otros temas delicados son que las zonas de desarrollo turístico deben ser determinadas por el gobierno federal, así es que sencillamente la Sectur puede frenar los intentos de los estados por impulsar nuevas regiones dedicadas a esta actividad, algo que puede tener un sentido lógico en términos de planeación, pero que no le gusta a los estados porque se involucra en asuntos de su soberanía.

Por todo esto, algunos secretarios estatales de turismo como los de Quintana Roo, Tamaulipas, Veracruz y el Distrito Federal, ya han hecho comentarios críticos al ordenamiento.

Más allá, Leticia Bonifaz Alfonso, directora jurídica de la Sectur DF, está preparando una controversia constitucional, para impulsar una reforma a una ley a la que considera centralista e intromisoria en la soberanía de las entidades federativas.

La idea es que la Suprema Corte de Justicia reconozca estos problemas e impulse cambios a los artículos respectivos.

Políticamente se trata de un ataque contra la LGT, que puede retrasar la entrada en vigor de la misma cuando hay artículos que son positivos, como aquellos que le permiten a la Sectur federal influir en las decisiones de otras dependencias, concretamente de las secretarías de Comunicaciones y Transportes (SCT) y del Medio Ambiente (Semarnat), cuyas actividades llegan a ser determinantes para el turismo.

Influenza. Por cierto, quien ya consiguió un “dinerito” para impulsar al golpeado sector turístico de la capital fue Alejandro Rojas, titular de la Sectur DF, quien contará este año con 100 millones de pesos por parte del Consejo de Promoción Turística de México, que dirige Óscar Fitch.

Además, y como excepción, por cada peso que ponga el DF, el CPTM participará con dos, en un esquema que busca dar un apoyo extra a uno de los destinos más afectados por el problema de la influenza.