Luego de que la semana pasada se publicaron en el Diario Oficial de la Federación las reformas a las leyes de Instituciones de Crédito, Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros y de Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, la discusión deberá derivar hacia mecanismos de medición que, al menos hoy, generan más confusión de la que pretendían evitar.

Este paquete de reformas y otras que se han dado con anterioridad tienen como principal objetivo generar una mayor competencia dentro del sector bancario a favor de los usuarios de servicios financieros; sin embargo, la constante ha sido que en lugar de discutir temas de fondo, los miembros de la Asociación de Bancos de México han comenzado a trabajar desde las cuerdas y en contra de absurdos francamente graves impulsados por políticos populistas.

Cuando se comenzó a negociar este paquete, la intención de algunos legisladores era la de establecer topes a las tasas de interés que pueden cobrar los bancos. Una medida que puede sonar muy bien en la cabeza de algunos, pero que ha demostrado una gran ineficiencia en otras latitudes.

En países como Chile o Colombia, el efecto fue que los bancos se concentraron en los sectores de más altos ingresos y que se ha tendido no únicamente a la desbancarización sino también a que muchas personas fueran a sistemas de banca informal que, normalmente, termina en la ilegalidad.

El gremio bancario tuvo que remar contra políticos y posiciones comodinas de algunas autoridades financieras para lograr un paquete de reformas en el sentido correcto. Les ha resultado difícil demostrar que no sólo son el sector que más ha invertido en la última década sino que tiene el mayor número de competidores con posibilidad de mover los primeros lugares del mercado.

Bastaría ver cómo han venido cambiando las posiciones en el sector de crédito automotriz durante los últimos meses, pues hay instituciones que han ganado o perdido dos o tres lugares en menos de un trimestre. Con el nuevo fondo jurídico, habría que entrar a una nueva fase de la discusión. Cuando el Banco de México creó el CAT se trataba no sólo de una gran idea para que los consumidores tuvieran una guía en torno a realmente cuánto pagan por un crédito.

Sin embargo, la tensión política hizo que el instituto encabezado por Guillermo Ortiz fuera reacio a aceptar opiniones o comentarios por parte de los bancos y terminara seleccionando una metodología que está comenzando a generar confusión y problemas.

En privado, los técnicos de Banxico reconocen que usar la tasa máxima contratada y establecer los supuestos más negativos entre el comportamiento del cliente no reflejan la verdad de las tasas de interés; sin embargo, se niegan a cambiarlo porque dicen que se trata de un extremo que puede presentarse.

Para que vea el resultado para el usuario de esta manera de medir el CAT habría que tomar como ejemplo a un usuario de Bancomer. Si el cliente está en el programa de ayudas y recompensas paga, en lo efectivo, un CAT de 23%; sin embargo, en su estado de cuenta le aparece que el CAT es de 72%, una cifra que no le cobra el banco. Hay clientes de los bancos que han tenido que recurrir a las áreas de atención a clientes para que se les explique por qué se les pone información que resulta falsa.

La función del CAT es dar información objetiva a los clientes que les muestre la realidad de una mejor manera. Si por cuestiones políticas como demostrar poder sobre los bancos no se está dando la mejor información a los clientes, entonces el CAT no funciona.

Uno de los objetivos de la presidencia de Ignacio Deschamps y Luis Robles, en la ABM es lograr un indicador sustancialmente mejor que el CAT, el cual debe dar la mejor información para los usuarios.

Se requiere un índice que oriente a los usuarios de servicios financieros y que no se convierta en una fuente de problemas adicionales. De hecho, la forma en que hoy se calcula el CAT genera confusión y errores.

Uno de los más grandes problemas que está teniendo que enfrentar la Secretaría de Comunicaciones y Transportes es la incapacidad, de facto, que tienen para meter las manos en el sector aeronáutico.

Mucho más allá de que Aviacsa ha logrado una cadena de victorias jurídicas, hoy lo que está en duda es la capacidad de la autoridad para regular este sector. Si bajan del aire una empresa, ¿tendrán la fuerza para hacerlo o también serán derrotados en tribunales? De hecho, las compañías de aviación han detectado la debilidad de Humberto Treviño y de ahí tratan de sacar provecho.

Aquí la gran pregunta es cómo enfrentará esto la dependencia encabezada por Juan Molinar. Se requieren cambios legislativos y capacidad jurídica.

Héctor Madero y los socios de Actinver están más o menos de moda entre los bancos de nueva autorización. Los tratan de ver como la solución para cualquiera de ellos. Este hombre debe tener mucho cuidado con las decisiones que tome en el futuro porque, en una de esas, se le podría complicar mucho la situación.

Hay rumores de cambios en el gabinete de Felipe Calderón. La razón es aparentemente muy sencilla. Después de las elecciones, el Presidente de la República ajustará su equipo para la parte final de su administración. Lo cierto es que hay realmente pocas posibilidades de sorpresas y que aquellos quienes, por ejemplo, dicen que Gerardo Ruiz Mateos será removido podrían llevarse una triste sorpresa.

Eduardo Bours considera que le está hablando a los sonorenses en el tono adecuado, que está dando las respuestas que ellos esperarían y que eso le permitirá lograr mantener el gobierno estatal bajo su férula. Sin embargo, ha cometido graves errores de cálculo. Por principio de cuentas, ha despreciado la gravísima tragedia y se ha tratado de lavar las manos; además, el candidato es del PRI y no su empleado, por lo que en caso de ganar seguramente se deslindará de su antecesor.