Creo que el voto en blanco no ayudará a cambiar el sistema de partidos, pero, sin duda, se justifica ese acto de indignación porque el mismo adolece de fallas que son tan profundas que se convierten en estructurales. Olvidemos por un momento el vergonzoso affaire del perredismo y López Obrador, el oxígeno a partidos casi inexistentes como el PT, el escenario de división y fractura que se percibe en el proceso electoral en general. Concentrémonos por un momento en datos duros: la Fundación Internacional para Sistemas Electorales (IFES) acaba de presentar un informe sobre la aplicación de la reforma electoral en México y allí hace uno comparativo entre el financiamiento que los partidos reciben aquí con el resto de América Latina. Y no es difícil descubrir que allí está el mayor lastre para nuestra democracia y el sistema de partidos.

Según el estudio y basándose en datos oficiales de 2003, cada voto nos costó 17.24 dólares. Los partidos recibieron de financiamiento público, sólo para la campaña, un poco más de 465 millones de dólares, que deben dividirse por los cerca de 27 millones de votos de ese año. Pero en los posteriores los partidos recibieron muchísimo más: en 2006, cuatro mil 171 millones de pesos. En 2007 y 2008, aunque no hubo elecciones federales, dos mil 700 millones de pesos cada año. En estas elecciones, la cifra será brutalmente superior, sobre todo si se toma en cuenta que en 2006 los partidos pagaron unos 700 mil spots en radio y televisión (que les consumió cerca de 60% de su presupuesto) y este año tienen a su disposición nada menos que 23 millones de spots en forma gratuita. El financiamiento de los partidos, si se suman los gastos ordinarios y los extraordinarios, asciende a los tres mil 633 millones de pesos. Ello quiere decir que, el costo de cada voto en la elección de este año, sin incluir los spots de radio y televisión, superará los 100 dólares por elector.

Son cifras exorbitantes. Se podrá argumentar que la democracia es costosa, pero si la comparamos con otros países, no resulta así: las otras 13 naciones latinoamericnas incluidas en el estudio de la Fundación Internacional para Sistemas Electorales muestran que el promedio regional de costo de cada voto es de apenas 94 centavos de dólar. Y son democracias que funcionan tan bien o mejor que la nuestra: en Argentina, cada voto cuesta 41 centavos de dólar; en Brasil, 29 centavos; en Uruguay, 3.72 dólares. El único país al que se acercaría México es Costa Rica, con un costo de 8.58 dólares por voto, con todo, menos de la mitad que aquí. Y en esto estamos analizando sólo el financiamiento directo a partidos, no se incluye el costo de mantener un IFE, un TEPJF, las credenciales de elector o el padrón de electores con fotografía. Es un sistema enormemente costoso.

¿Deben los partidos recibir esos tres mil 633 millones de pesos en financiamiento al año?, ¿deben contar con 23 millones de spots en forma gratuita? Cuando la gente se indigna tanto con los partidos y los tiene en un nivel de credibilidad inferior al de las policías, no más de cuatro por ciento, ello tiene relación directa con el alejamiento de los partidos de las inquietudes ciudadanas. Y es lógico que así ocurra: ¿por qué, si toda la estructura electoral está basada en el control de las dirigencias partidarias y en un financiamiento público altísimo que reciben esas mismas dirigencias, los políticos o los candidatos estarían interesados en averiguar las inquietudes ciudadanas y trabajar por ellas? Trabajan en las campañas, obtienen el voto y se disciplinan a quienes pueden seguir financiando sus actividades.

Vemos en otros países, incluido Estados Unidos, que hay políticos que, para financiar su campaña, deben incluso endeudarse fuertemente y arriesgar hasta su patrimonio personal (el caso de Hillary Clinton, que quedó debiendo millones de dólares luego de las primarias que perdió ante Barack Obama, es uno de los más recientes), pero aquí vemos a políticos que no sabemos de qué viven, en qué trabajan, quién los financia. El caso de López Obrador, que ya hemos tratado, resulta paradigmático, pero hay muchos más en todos los partidos políticos. Hay políticos que, salvo algún paso por un puesto público de unos pocos años, han pasado diez o 15 participando activamente en política, sin saberse de dónde se financian, o financiados directamente por su correspondiente partido e incluso por varios de éstos, si el personaje en cuestión salta de uno al otro.

No hay relación alguna entre la calidad de nuestra democracia y su costo. El sistema electoral en México ha mostrado ser eficiente, pero también políticamente endeble: la suma de atribuciones que ha recibido el Instituto Federal Electoral con la reciente reforma, no parece haberlo fortalecido, sino debilitado, porque sencillamente no puede cumplir con ellas y la demostración de fuerza que hicieron los partidos, al decapitar al IFE y cambiar a la mayoría de los consejeros aunque se trataba de cargos supu estamente inamovibles, exhibió aún más esa debilidad.

Los cambios que se han propuesto, desde los que propugnan el voto en blanco o nulo hasta quienes proponen sufragar por candidatos que hayan asumido compromisos explícitos marcados por esas mismas organizaciones ciudadanas, como lo hizo Alejandro Martí con la agrupación SOS, deberán centrarse en forma obligatoria en el financiamiento de los partidos. La organización de Martí propone que se reduzca el mismo por lo menos 65% e, incluso así, el financiamiento que tendrían los partidos en México sería superior al de todas las demás naciones latinoamericas incluidas en el estudio de la IFES y unas diez veces superior al promedio de financiamiento de los partidos en cada una de esas 13 naciones.

Dicen que hay que seguirle la pista al dinero y, como casi siempre, en este caso el dinero fácil es el principal responsable de la decadencia del sistema político

No hay relación alguna entre la calidad de nuestra democracia y su costo.