Elisa de Anda tiene 27 años. Es abogada y habla con la convicción de los jóvenes; de aquellos que piensan que México sí puede cambiar. Quiere poner su granito de arena en la construcción de una mejor democracia. Para tal propósito, se registró como candidata a diputada federal del Distrito XXIII en la capital. Pero Elisa no pertenece a ningún partido porque es parte de un grupo de jóvenes que quieren generar el cambio desde un frente distinto a los partidos que consideran parte del problema, no de la solución.

Por ser candidata apartidista, el IFE le negó el registro a Elisa para la elección del 5 de julio. Y es que, como en muchos aspectos electorales en México, la ley ordena que, dentro de los partidos, todo; fuera de ellos, nada. Es lógico. Son los partidos los que han legislado estas restricciones que los benefician.

Elisa impugnó la decisión del IFE ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Aduce que se vulnera su derecho constitucional a ser votada para un cargo de elección. Nuestro código en ese ámbito efectivamente le otorga el monopolio a los partidos para registrar candidatos. Sin embargo, Elisa, y el grupo de jóvenes que la apoyan, creen que esta restricción contraviene la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, de la cual México es signatario. Este ordenamiento internacional les da el derecho a todos los ciudadanos de ser votados en elecciones.

El caso de Elisa está relacionado con el de Jorge Castañeda quien trató de registrarse como candidato independiente a la Presidencia. También le negaron el registro. El asunto fue a la Suprema Corte de Justicia, institución que se declaró incompetente para recibir la demanda. Castañeda recurrió a instancias internacionales a pedir justicia. El caso llegó hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Ésta resolvió que los países tienen la soberanía para imponer que las candidaturas se procesen exclusivamente a través de los partidos. Fue un golpe para todos aquellos, como yo, que están a favor de las candidaturas apartidistas. Sin embargo, Castañeda logró que la CIDH sentenciara al Estado mexicano por haber violado su derecho a la protección judicial. En vista de que ningún tribunal en México se pronunció sobre el fondo del asunto, la CIDH ordenó que el Estado mexicano ajuste su legislación para que los ciudadanos puedan tener juicios de protección de sus derechos incluido el de ser votado.

De esta forma, el primer capítulo en la lucha por romper el monopolio partidista en las candidaturas lo escribió Castañeda. Gracias a ello, el segundo lo están escribiendo Elisa y el grupo de audaces jóvenes que la acompañan. Ante la negativa del IFE de registrarla como candidata a diputada federal, Elisa interpuso una impugnación frente al TEPJF con la esperanza de que ahora sí, con base en la sentencia de la CIDH en el caso Castañeda, un tribunal mexicano entre al fondo del asunto.

El TEPJF admitió la impugnación y la remitió a una de sus salas regionales. Pero dicha sala no se ha pronunciado cuando legalmente ya expiró el plazo que tenía para hacerlo. Lo están dilatando. No se vale chicanear un caso de tal suerte que la candidata no pueda competir en las próximas elecciones. Y es que, si el TEPJF también le niega el registro a Elisa, ella pedirá una medida precautoria a la CIDH para poder participar. Por eso urge una definición legal en México. Pero, como suele suceder en estos casos, a los ciudadanos de primera, es decir aquellos que pertenecen a un partido, se les dispensa justicia de manera expedita, mientras que a los ciudadanos de segunda, los que no son miembros de un partido como Elisa, les dilatan la sentencia. Y ella lo único que quiere es competir en las próximas elecciones.

No se vale chicanear un caso de tal suerte que la candidata no pueda competir en las próximas elecciones.