La XVII Cumbre Iberoamericana celebrada en Santiago de Chile es una muestra de la creciente fragmentación geopolítica por la que atraviesa actualmente la comunidad de países iberoamericanos que comenzó a construirse en Guadalajara en 1991. La reunión de Santiago se inició con el pie izquierdo cuando el gobierno de Colombia hizo una reclamación pública al presidente venezolano por haberse reunido, sin notificarlo, con líderes de la guerrilla colombiana, las FARC.

Poco después, la Cumbre se vio ensombrecida por el conflicto bilateral entre Uruguay y Argentina, lo cual provocó la decisión del gobierno uruguayo de autorizar la operación de una papelera en la frontera con su vecino, a pesar de la férrea oposición de grupos ambientalistas argentinos y de la mediación diplomática en curso de la Casa Real de España, para encontrar una solución negociada al diferendo. No deja de ser paradójico que dos países vecinos, socios económicos dentro del Mercosur y con gobiernos de signo ideológico muy similar, se encuentren enfrentados a tal punto que puede llegar a darse el retiro de sus respectivos representantes diplomáticos.

El cierre no pudo resultar peor. Durante la sesión de clausura tuvo lugar un enojoso intercambio verbal entre los representantes de España y Venezuela, que terminó con la salida intempestiva del rey Juan Carlos después de haber perdido la paciencia frente a las acusaciones de Hugo Chávez en contra del ex mandatario español José María Aznar por su supuesta participación en la intentona de golpe de Estado para derrocarlo, en 2002, de la presidencia venezolana. Nadie salió ganador de este penoso incidente. No sólo la imagen de los dos protagonistas salió afectada, también el gobierno de Chile resintió el asunto en su calidad de país anfitrión.

A la diatriba de Chávez contra el gobierno de Aznar se sumaron las fuertes críticas del presidente nicaragüense, Daniel Ortega, al papel de las inversiones privadas españolas en el desarrollo económico de América Latina. Las secuelas del asunto van más allá del gradual desgaste de los espacios de diálogo de la diplomacia multilateral en el mundo iberoamericano. Los principales esquemas de integración económica regional, como el Mercosur y la Comunidad Andina de Naciones (CAN), también se han visto seriamente afectados debido a la falta de consenso entre los países latinoamericanos con respecto al modelo de desarrollo económico que se debe impulsar.

Hay indicios de que el actual clima de polarización ideológica en América Latina bien puede llevar, en un futuro cercano, a frenar las estrategias de inserción internacional de algunos países, como España, que han sido clave en la construcción de un espacio económico y geopolítico iberoamericano fincado sobre las afinidades culturales. En particular, las empresas españolas que han realizado enormes inversiones directas en América Latina en sectores tan importantes como banca, telefonía, gas e infraestructura están preocupadas por lo que consideran un aumento de la incertidumbre jurídica en algunos países de la región. Algunos empresarios españoles, los menos, están comenzando a dudar de que sea una buena idea seguir sosteniendo con el mismo ahínco la apuesta iberoamericana que iniciaron hace cerca de dos décadas.

Es en estos momentos difíciles en los que se requiere que los líderes políticos estén a la altura de las circunstancias y actúen con responsabilidad. Sería un error permitir que, por consideraciones ideológicas o presiones políticas internas, las desafortunadas expresiones de los mandatarios escalaran a conflictos diplomáticos que en nada ayudan a fortalecer los espacios de cooperación y a sentar bases sólidas para un crecimiento económico sostenido en un mundo globalizado.