Cada vez que nos asola una catástrofe natural, surgen las inevitables preguntas sobre si el desastre se debe exclusivamente a un azote de la naturaleza que rebasa toda capacidad humana o si gobernantes y autoridades pudieron prever la tragedia y tomar medidas precautorias que, al menos, redujeran significativamente la magnitud del daño. Esa pregunta pende hoy lo mismo sobre lo acontecido en la Sonda de Campeche que sobre las inundaciones en Chiapas y Tabasco. ¿A dónde fueron los dos mil millones de pesos donados por Pemex en 1999 para obras hidráulicas?, se preguntan muchos. Lo cual no es ocioso en un país cuyos pilares administrativos son la negligencia, la ineptitud, la improvisación y, sobre todo, la corrupción. Mientras el gobernador Andrés Granier pone énfasis en lo que pudo hacerse y no se hizo, el gobierno federal insiste en que todo se debió a las inclemencias del tiempo e invita a “no medrar políticamente” con la tragedia. Para los amigos de la impunidad, resulta muy conveniente confundir la rendición de cuentas con “jalar agua al molino propio”, con el fin de ocultar lo que hay que develar. Sin duda, la furia de la naturaleza es incontenible, pero también podrían contar en estos desastres decisiones políticas y administrativas. No sería la primera vez que esperamos a que se ahogue el niño antes de tapar el pozo. El uso indebido de fondos destinados a la prevención y el combate a los desastres naturales, y su desvío para fines muy distintos, es algo habitual. Todo esto es algo que probablemente nos viene de muy atrás. Por ejemplo, la Ciudad de México fue víctima de dos grandes inundaciones en el siglo XVII, evidentemente antes del calentamiento global, producto no sólo del furor de la naturaleza sino de la negligencia gubernamental.

Según el historiador Jonathan Kandell (La Capital, 1990), al término de la Conquista, los españoles tenían poco entusiasmo por los lagos y canales de la ciudad, al tiempo que iniciaron la deforestación, pues utilizaban la madera en mucha mayor cantidad con respecto a los aztecas. La consecuente erosión de los suelos provocó una creciente reducción de lagos y canales, lo cual fue celebrado por el fraile Juan de Torquemada como una señal divina: “Tal como las aguas del Diluvio disminuyeron gradualmente como gesto divino de paz y misericordia para el mundo, así Él quiso dar un signo similar permitiendo que las aguas retrocedieran después de haber castigado a ese pueblo idólatra (los aztecas)”. Pero los españoles no sabían que, paradójicamente, mientras el diámetro y la profundidad de los lagos disminuía, la ciudad se hacía más vulnerable a las inundaciones, pues las aguas pluviales encontraban menos cauces de contención. Entre 1555 y 1607 hubo siete inundaciones graves, siendo la última la más dañina. El científico europeo Enrico Martínez había detectado la causa de las inundaciones y advirtió: “Pronto el fondo del lago estará en el mismo nivel que la ciudad, generando una amenaza constante de inundación”. Por lo cual el virreinato decidió la construcción de un desagüe general, la obra más ambiciosa y costosa hasta entonces.

Bajo la conducción del propio Martínez, 60 mil indios completaron el proyecto en diez meses. Una obra magna a la cual Alejandro Humboldt calificó, dos siglos después, como “una operación hidráulica que en nuestro tiempo, aun en Europa, causaría la admiración de los ingenieros”. Pero el proyecto no fue valorado en su época: “Es imposible encontrar a casi nadie que hable bien del desagüe”, se quejaba Martínez. A quince años de concluida la obra, se interrumpió su mantenimiento y poco después quedó el desagüe bloqueado e inutilizado. No pasó mucho tiempo para que se viera el error de ello: en 1629, un invierno inusualmente húmedo provocó que ríos y arroyos crecieran al grado de llevar las aguas de Texcoco al nivel de las murallas de la ciudad. Y, poco después, una lluvia torrencial provocó finalmente el desastre. Las casas de adobe de los indios fueron arrasadas. Los españoles buscaron refugio en las azoteas de sus casas, más sólidas. La única zona que quedó relativamente seca fue lo que hoy es el Centro Histórico, y se le llamaba “la isla de los perros” pues ahí se fueron a refugiar los animales de la ciudad. Las aguas no bajaron por meses. Muchos españoles emigraron y 30 mil indios murieron ahogados, de hambre o por enfermedades. El gobierno analizó incluso la posibilidad de transferir la capital a otro lado, a lo que accedió el rey Felipe IV. Pero el virrey optó por la reconstrucción de la ciudad, a un altísimo costo. Desde luego, hubo búsqueda de culpables. Se acusó al virrey Cerralvo de negligencia, quien desvió la atención responsabilizando al ingeniero Enrico Martínez —que fue encarcelado y falleció poco después— por haber fracasado su magna obra hidráulica, si bien él había advertido de lo que ocurriría de no darle el mantenimiento debido. Una vez superada la inundación, se tomaron nuevas providencias para prevenir otra catástrofe similar.

Sin embargo, en 1691 volvió a inundarse la ciudad, aunque de manera menos severa. Un torrente de agua y granizo, seguido por lluvias cotidianas, provocó el desborde de cañadas y canales. Pero en esta ocasión el desastre natural provocó un levantamiento popular, pleno de motines, saqueos y disturbios, que orilló a las autoridades a recurrir a la represión. La inestabilidad es también hoy una preocupación de las autoridades tabasqueñas. A juzgar por estos hechos, la improvisación y la negligencia son vicios que, inoculados en nuestros genes culturales, forman parte de nuestro legado histórico.