¿Debería sorprendernos que detrás de las bandas del crimen organizado estén ex policías o incluso policías en activo? En otros países sería un escándalo. Pero aquí es lo común y corriente. Por eso, no sorprende a la sociedad. Tan sólo en tres días nos enteramos de que la policía de Tabasco le brindaba protección al crimen organizado, lo mismo que la de Torreón, y que en el Distrito Federal una banda compuesta de policías fue la que secuestró y asesinó a Fernando Martí. Los que deben proteger y servir a la comunidad son los que protegen y sirven al crimen organizado.

Durante la época priista, la policía no combatía el crimen: lo regulaba. En algunas áreas dejaban hacer y pasar a los criminales. Utilizaban su autoridad para proteger a los delincuentes o incluso para ellos mismos delinquir. Pero, presionados por sus jefes políticos, también aplicaban la ley en ciertas áreas para darle un sentimiento de seguridad a la ciudadanía. De esta forma, el régimen autoritario le heredó al régimen democrático policías corruptas vinculadas con el crimen organizado.

Las instituciones perduran. Bien dijo Alexis de Tocqueville que en Francia “el antiguo régimen proporcionó a la Revolución muchas de sus formas”. Lo mismo sucedió en México con las policías. Los priistas construyeron y heredaron instituciones policiacas corrompidas. Con una diferencia. Antes los policías tenían sobre de ellos jefes políticos que les ponían límites. Puedes robar pero no secuestrar. Puedes traficar drogas pero no asesinar. Lo que se perdió durante la transición a la democracia (por lo menos así se siente) es que ya no hay límites. Que los delincuentes vestidos de policía, o protegidos por ella, pueden hacer lo que se les venga en gana.

Todo lo cual nos lleva a una conclusión: es urgente construir nuevas instituciones policiacas. El problema es que muchos gobiernos estatales y municipales tratan de hacerlo sobre las bases de la policía anterior. Y nada bueno puede salir de algo viejo que está podrido.

Se necesita construir sobre una tabla rasa. Sobre bases nuevas. Es lo que está tratando de hacer Genaro García Luna. Edificar una nueva policía federal que sea eficaz, científica, honesta, profesional y respetuosa de los derechos humanos. Una policía con oficiales formados en una academia con instalaciones y maestros de primer nivel. Una policía que les ofrezca a sus miembros una carrera digna y una forma de vida decorosa para sus familiares, de tal suerte que no estén tentados a caer en la redes de la corrupción del crimen organizado. Una policía que tenga todos los incentivos para que actúen a favor de la sociedad y no de los delincuentes. Una policía donde sus elementos tengan acceso a fondos para viviendas, seguros de vida e invalidez y becas para sus cónyuges e hijos. Una policía que castigue con severidad a los miembros corruptos.

El esquema de García Luna es el correcto. Pero hay un problema. Al mismo tiempo que el secretario de Seguridad Pública federal está construyendo esta policía, tiene que enfrentar a la delincuencia organizada. Es como si un arquitecto tuviera que construir un edificio con habitantes residiendo en el predio. Difícilmente podría. O se construye una nueva policía o se enfrenta al crimen organizado. Hoy por hoy, los dos objetivos se traslapan. Los esfuerzos organizativos se diluyen.

Entonces, ¿qué hacer? Me parece que ha llegado el momento de que el gobierno de Calderón separe los dos esfuerzos. Que haya un responsable dedicado a la construcción del futuro y otro a la resolución del presente. Porque un solo secretario encargado de las dos cosas puede terminar con tal desgaste que ni haya buenos resultados en el presente ni en el futuro.