La fuerte caída que sufrió Felipe Calderón en su bicicleta (pues para haberse fracturado el hombro, tuvo que haber sido muy dura) se ha prestado a referencias y juegos de palabras en torno a la pretensión de los obradoristas de que se vaya anticipadamente (“él se cae solo”, ironizó Andrés López Obrador). Las advertencias del Peje —la resistencia civil contra la reforma petrolera— y las declaraciones de Porfirio Muñoz Ledo —sobre la conveniencia de instaurar un “gobierno de transición”— han llevado a muchos a pensar que está en marcha una estrategia para derrocar a Calderón. Muñoz Ledo aclaró que no habla de una insurrección, sino de mecanismos institucionales, como la revocación de mandato —figura que no existe en nuestro orden jurídico pero que se explora en el Congreso— o el juicio por delitos graves del orden común o traición a la patria (según estipula el artículo 110 constitucional). Por lo cual muchos suponen —no de manera descabellada— que las movilizaciones por el petróleo se aprovecharán para intentar desestabilizar el gobierno de Felipe, aunque ello se revista de figuras legales (y entonces no aparezca como golpismo, sino como rendición democrática de cuentas).

Por lo mismo, se ha recordado en estos días que el presidente Ernesto Zedillo (cuya victoria electoral muy pocos pusieron en duda, contrariamente al de Calderón) enfrentó al inicio de su gobierno un momento de suma fragilidad, que dio paso a rumores sobre su eventual caída. Cuauhtémoc Cárdenas solicitaba en ese entonces la renuncia de Zedillo para instaurar un “gobierno de salvación nacional”, mientras la crisis económica heredada del gobierno de Carlos Salinas generó un terreno nada propicio a la estabilidad. Ante lo cual Zedillo intentó dar un golpe espectacular, que sólo empeoró las cosas: un operativo policiaco-militar para capturar al subcomandante Marcos. De hecho, primero dijo ante los medios que ofrecía al EZLN un armisticio, pero antes de que hubiera respuesta alguna de los zapatistas el entonces Presidente envió a soldados y policías. Esteban Moctezuma sostenía por ese entonces un diálogo con Marcos, lo que dio al operativo una imagen de traición, al estilo “Guajardo contra Zapata”.

El fallido operativo, y su desenlace, hizo quedar mal a Zedillo con tirios y troyanos. Por un lado, las izquierdas se sintieron agraviadas y organizaron una marcha en la capital. Por su parte, los grupos que le habían otorgado su respaldo para el lance policiaco-militar (empresarios y el PAN) quedaron sumamente defraudados y molestos. Ese fue el momento de mayor fragilidad de Zedillo. Un importante jerarca militar me preguntó si, en mi condición de politólogo, entendía al señor Presidente, “porque nosotros, la verdad es que no”. Grupos de empresarios comentaban en corto que les parecía que a Zedillo le había quedado grande la silla presidencial. Cuando pregunté a Felipe Calderón cómo veía el PAN la eventual renuncia del Presidente, me respondió (palabras más, palabras menos): “Pues tal vez a México le iría mejor con un interino, porque éste se ve que no sabe gobernar”. Tras escribir un artículo sobre el torpe manejo del operativo en contra de Marcos, un amigo con un alto cargo en Gobernación me solicitó que, sin ánimo de censura y pensando en México, bajara el tono al asunto, porque el Presidente en efecto se estaba tambaleando y su eventual caída pondría en riesgo la estabilidad del país. Por su parte, un alto funcionario del Cisen me comentó que ahí estaban nerviosos porque se habían calculado mal los efectos del operativo contra Marcos y sentían que el control se les podía ir de las manos.

Pero Zedillo salió del pantano en que se hallaba. Recurrió en primer lugar a una medida probada para obtener un considerable monto de legitimidad: llamó a cuentas a Raúl Salinas de Gortari, a quien toda la sociedad identificaba como uno de los grandes corruptos del gobierno anterior. Zedillo decidió también abrir en serio el juego político, pactando con todos los partidos un acuerdo mínimo democrático —que años después Vicente Fox reventaría sin el menor recato— y que dio lugar a la reforma electoral de 1996 —esencialmente competitiva— y a un IFE ya plenamente autónomo respecto del gobierno (lo cual explica en buena parte que los perredistas, que meses antes buscaban la caída del Presidente, retiraran dicha pretensión). Todo ello contribuyó a apuntalar a Zedillo, quien no sólo completó su mandato, sino que lo hizo con resultados en general aceptables (crecimiento económico de 7%, apertura política, confianza electoral y buenos niveles de aceptación ciudadana).

La situación por la que atraviesa hoy el gobierno de Calderón no es tan mala como la que enfrentó Zedillo en 1995, pero tampoco es miel sobre hojuelas. Las instituciones en general se han desprestigiado considerablemente y gozan de menor confianza ciudadana de un año a otro. Pero, sobre todo, no se ve que Felipe esté dispuesto a tomar algunas de las medidas que le permitieron a Zedillo capear el temporal y sacar adelante su gobierno. La impunidad ha sido el sello de los gobiernos panistas, incluso en mayor grado que de los priistas. La polarización política que Fox dejó como herencia (y que las campañas de 2006, los comicios y el litigio poselectoral alimentaron) no ha sido superada y obstruye la recomposición del acuerdo democrático que se pactó bajo el gobierno de Zedillo. De ahí que los obradoristas calculen que este es el momento adecuado para intentar la remoción de Calderón, sea por vías institucionales, extrainstitucionales o —más probablemente— por una combinación de ambas. El desenlace de dicha estrategia es, desde luego, incierto. Pero el gobierno no debiera minimizarla.