En esta semana se ha hablado de la merma que representa a la rendición de cuentas el nuevo formato del Informe presidencial. En sustitución del formato del presidencialismo autoritario, que fue degenerando desde 1988 como efecto del mayor pluralismo político, ahora tenemos un esquema vacío, donde el Ejecutivo y el Legislativo van por su cuenta: ni se ven ni se oyen. Se pasó de la confrontación a la indiferencia mutua. En otras palabras, de un extremo al otro. De la rigidez de un formato a su virtual volatilización. Es también la rigidez del formato imperial lo que explicaba las interpelaciones, los abucheos y, en el extremo, el impedimento de que el Presidente entrara al recinto legislativo a dar su Informe. Era la forma en que la oposición expresaba su impotencia de entablar un diálogo directo con el jefe de gobierno, donde se pudieran hacer preguntas y reclamos de manera institucional y civilizada, como sucede por ejemplo en los sistemas parlamentarios.

¿Cuál sería un formato equilibrado, no demasiado rígido ni tan laxo como el que se estrenó el lunes anterior? Pues uno donde el jefe de gobierno sea escuchado por los legisladores, los cuales en su momento también tendrían la palabra en abierto diálogo. El debate puede ser duro, directo, franco, pero por eso mismo no habría razón para llegar a los jitomatazos, los insultos o las tomas de tribuna. Un informe propio del equilibrio democrático. Pero que hayamos pasado de un extremo al otro, sin alcanzar el justo medio, refleja precisamente lo que sucede con nuestra transición política. Del centralismo excesivo no llegamos a la gobernabilidad democrática, sino a la fragmentación del poder. De la subordinación de un poder a otro, no nos fuimos al contrapeso y al diálogo entre los dos, sino a su disociación y confrontación. Probablemente cuando alcancemos el equilibrio que supone la gobernabilidad democrática —si eso alguna vez ocurre—, adoptaremos un formato para el informe presidencial más parecido al que priva en los regímenes parlamentarios (aun sin serlo nosotros, desafortunadamente).

Pero la “rendición de cuentas” no se limita a la información que los gobernantes están obligados a ofrecer a la nación, como muchos lo interpretan. Es sólo una pequeña parte de eso. Lo más importante de la rendición de cuentas, sin lo cual una democracia no es tal (aunque lo parezca), es la capacidad institucional para remover o incluso penalizar a un gobernante que resulta ineficaz o abusa del poder que se le ha conferido. Eso es lo que encierra la frase, todavía cosmética, “que la nación me lo demande”. Esa frase, en México, data de la época de Agustín de Iturbide, quien al ser coronado emperador, en 1822, proclamó: “Si olvido algún día mis deberes, cese mi Imperio. Observad mi conducta, seguros de que si no soy por ella digna de vosotros, hasta la existen­cia me será odiosa”. Karl Deutch destacaba ese aspecto central de la rendición de cuentas, distinto al de simplemente informar lo que se ha hecho o dejado de hacer: “Significa que los controladores (ciudadanos) tienen un canal por cuyo conducto pueden aplicar efectivamente recompensas o castigos al actor que controlan (el gobierno)” (Política y gobierno, 1976).

Esta acepción es la que jamás hemos tenido en México. Pues la vía democrática para ello es institucional, pacífica y civilizada. Pues si bien es cierto que removimos del poder a Iturbide, a Antonio López de Santa Anna, a Porfirio Díaz y a Victoriano Huerta, no lo hicimos por la vía institucional, sino a través de un levantamiento armado (el de Casa Mata de 1823, el de Ayutla de 1855, el maderista de 1910 y el constitucionalista de 1913, respectivamente). Y esa era justo la diferencia que establecía Alexander Hamilton entre un presidente democrático y un monarca: “El primero está expuesto a ser castigado, juzgado y, bajo acusación de traición, corrupción y otros graves delitos, destituido”. En cambio, la figura del monarca “es sagrada e inviolable; no hay tribunal alguno al cual deba ser sometido”. Sin embargo, la experiencia inglesa y después la francesa demostraron que un rey también podía ser destronado y decapitado pero, de nuevo, no mediante una vía pacífica, sino tras una revolución exitosa.

Alejandro Martí, en su discurso frente a la clase política, tocó ese aspecto esencial de la democracia: “Si no pueden, renuncien”. Y por ello esta frase ha sido citada una y otra vez. El problema en México es que no somos los ciudadanos quienes tenemos los mecanismos para remover a algún funcionario o gobernante cuando haya demostrado su flagrante ineficiencia (en materia de seguridad pública o algún otro ámbito). Y por eso las palabras de Martí tienen más tono de solicitud que de advertencia. De vivir en una democracia cabal, quizás hubiera dicho: “Si no pueden, los haremos renunciar”. Una cosa es que la ciudadanía exija la remoción de alguien y otra muy diferente es que eso de verdad ocurra (no estamos en Japón). Ahí está José Luis Soberanes, de la CNDH, autoerigiéndose en vigilante de la seguridad pública (con otros organismos de derechos humanos, previa exclusión del capitalino, para que se constate que, en materia de seguridad, prevalece la unidad). Soberanes habla de la eventual renuncia de los responsables de la seguridad, cuando él mismo hace mucho debió hacerlo por su ineptitud y encubrimiento a la violación de los derechos humanos, como quedó claro en el caso de Zongolica. La rendición de cuentas está todavía en manos de la cúpula política, no de los ciudadanos. En las democracias de verdad, los mecanismos de rendición de cuentas no están concentrados en el Ejecutivo, sino distribuidos en otros poderes, sujetos a su vez a la presión eficaz de la ciudadanía. Muy lejos estamos de eso.