En el último año, varias de nuestras principales instituciones sufrieron un grave deterioro de imagen. El público va perdiendo la credibilidad en ellas. Al menos eso sugiere una encuesta nacional publicada recientemente por el diario Reforma (27/ago/08). ¿Cuáles podrían ser las razones de ello? El Congreso, ya lo sabemos, tiene desde hace mucho tiempo muy mala imagen. Se ve a los legisladores (y a los partidos políticos) como un poder que piensa en sí mismo y relega los intereses de sus representados para preservar e incrementar los suyos. Despilfarran el dinero que no es suyo además de ser de los mejor pagados del mundo, sin que rindan como tales. No hay siquiera la posibilidad de premiar o castigar a los legisladores a través de la reelección consecutiva, a contrapelo de lo que ocurre en prácticamente todas las democracias del mundo. Pero siempre hay posibilidades de empeorar. Así, en julio de 2007, 34% decía tener confianza en los diputados (una cifra de por sí baja), pero en agosto de este año esa proporción se redujo a 24 por ciento. Su caída podría continuar.

La Suprema Corte es una institución en general respetada y ha desplegado en los últimos años un grado de autonomía que no mostró durante el régimen priista. Sin embargo, también ha perdido un cierto grado de credibilidad. De 49% de ciudadanos que confiaba en ella el año pasado, ahora ya sólo lo hace 40 por ciento. No se me ocurre otra explicación que haber exonerado moralmente a Mario Marín, el gobernador de Puebla que utilizó la justicia a su cargo para que Kamel Nacif pudiera vengarse de Lydia Cacho, quien denunció la red de pederastas de la que forma parte El rey de la mezclilla. Se puede suponer que esa desafortunada decisión, que fortaleció la rampante impunidad en este país, le provocó a la Corte un importante costo de credibilidad, de lo cual aún no se repone.

Por su parte, el Ejército es una de las instituciones más respetadas y creíbles para los mexicanos, pese a su participación en 1968 y en la guerra sucia de los setenta. Su origen revolucionario y popular cuenta mucho en ello. Pero ahora su nivel de confianza pasó de 70% en 2007 (sin duda muy elevado) a 63% este año. ¿Por qué? Es inevitable suponer que algo tiene que ver su participación directa en el combate al narcotráfico. Una decisión que en su inicio dio popularidad tanto a Felipe Calderón como a las Fuerzas Armadas, pero conforme va quedando claro que se trata de una estrategia contraproducente, podría estar minando la buena imagen del Ejército. Muchos especialistas del tema no recomiendan una intervención tan directa en esta actividad, entre otras razones porque justo se pone en riesgo su prestigio social. Por un lado, están los abusos que han cometido los militares contra ciudadanos inocentes, confundiéndolos con sicarios o cómplices del narco (o simplemente por estar briagos los soldados). Errores que han costado la integridad o la vida de más de un ciudadano. Por otro lado, la imagen de que el Ejército “no puede” contra los capos avanza en la percepción ciudadana y provoca decepciones además de un agudo sentido de indefensión.

Viene finalmente el IFE, ariete de nuestra titubeante democratización. El IFE había logrado lo que parecía un milagro en un país con una larga historia de defraudación electoral: que la mayoría de los ciudadanos cobraran confianza en los comicios, sus instituciones y sus resultados. Pero poco nos duró ese gusto. En el proceso de 2006 esa fe quedó sumamente mermada, en parte porque muchos percibieron que el IFE no se comportó con imparcialidad en tan delicada situación política. Al igual que el TEPJF, tomó decisiones que terminaron por favorecer la estrategia de uno de los contendientes (lo que explica que sean los electores panistas quienes sigan creyendo en el IFE en mayor proporción que los demás segmentos). Y eso no pareció desvinculado al hecho de que todos los consejeros electorales hubieran sido nombrados por los protagonistas de la mancuerna oficialmente ganadora: Elba Esther Gordillo y Felipe Calderón. Las encuestas retratan muy bien la desafortunada pérdida de credibilidad en el IFE. Antes de la elección de 2006, 76% de los ciudadanos confiaban en el Instituto, pero inmediatamente después de ella ya sólo lo hacía 56% (IFE-Parametría, sep/06). Pero la caída ha continuado: en 2007 todavía 55% mantenía esa confianza, pero, en agosto de este año, quienes aún creen en el Instituto, por primera vez en mucho tiempo, ya constituyen una minoría (43%). Lo que demuestra que la renovación de consejeros no se tradujo en una nueva inyección de confianza para el IFE, probablemente porque los partidos echaron mano otra vez del desprestigiado sistema de cuotas. En todo caso, difícilmente se puede ocultar el saldo negativo de la incierta y opaca elección presidencial de 2006.

Ante todo ello, la confianza en la democracia ha seguido cayendo de manera dramática. Quienes aún creen en nuestra democratización constituían 50% en 2007, pero en agosto de este año ya sólo son 39 por ciento. Ya son más los que se dicen insatisfechos con nuestra “democracia”. Y cuando la gente se desencanta de la democracia de manera tan profunda, se allana el terreno para dos fenómenos nada saludables: la abstención política y electoral (indiferencia y alejamiento) o su contrario, la participación intensa por la vía extrainstitucional, para buscar los cambios que no se lograron por los cauces democráticos. Pero nadie debiera sorprenderse. Esto era previsible desde cuando Fox le empezó a dar la espalda a la democracia. Y, desafortunadamente, Calderón no ha podido —ni querido— revertir esta decepción democrática, en parte porque continúa como si nada la rampante impunidad gubernamental.