Si queremos frenar la ola de inseguridad vivida en México debemos saber quiénes compran los servicios financieros o de telecomunicaciones.

Por el lado de los banqueros la misma Asociación de Bancos de México, presidida por Enrique Castillo, asume la propuesta de Juan Camilo Mouriño, secretario de Gobernación, para tener un segundo relanzamiento de los 65 millones de cuentas de ahorro y cheques en el país. Dicho relanzamiento sería pidiendo a todos los clientes su CURP, la Clave Única de Registro de Población.

Los bancos deben poner de su parte para atender al cliente, conocerlo bien y evitar cualquier lavado de dinero o simplemente malas interpretaciones, por eso mismo exigirán la CURP.

Hasta la fecha, la identificación más solicitada ha sido la credencial del IFE, pero ello puede llegar a cambiar. Por lo pronto, los banqueros están de acuerdo con pasar a la CURP, y ello puede dar paso al nuevo registro de telefonía celular o móvil que viene en camino.

Incluso la Cofetel, la Comisión Federal de Telecomunicaciones, presidida por Héctor Osuna, ha hecho suya la petición tanto del gobierno a través de la SCT como de los legisladores, y ya presentó la propuesta para crear un registro de telefonía móvil o celular.

Se trata de solicitar a cada cliente de tarjetas de prepago una identificación, la cual, en efecto, puede ser la CURP. Sin embargo, muchas compañías de telefonía dijeron que las CURP todavía no existían para todos, y entonces por lo menos cada compañía debe tener los datos de domicilio de cada petición de teléfono móvil.

Además de estos registros, podría existir la localización de cada cliente por un teléfono móvil, ya sea por GPS, es decir vía satelital, o bien por las radio bases a través de triangulación entre ellas.

El tema ha causado ruido en las compañías de telefonía móvil, tanto en Telcel (Daniel Hajj), Telefónica Movistar (Francisco Gil), Iusacell (Gustavo Guzmán), o Nextel (Peter Foyo), pero sin duda, la grave situación de la inseguridad exige medidas drásticas, y aunque los registros se podrán traducir en costos para las compañías va a ser difícil ver que alguna de ellas diga que no.

Claro que las minas privadas tienen, en México, un compromiso con el entorno en el que desarrollan su labor. Tienen un compromiso con la comunidad, con el medio ambiente y con la infraestructura del lugar.

Bajo esta premisa, la compañía canadiense Minefinders llegó a México para instalarse en Chihuahua, con la Compañía Minera Dolores, y realizó una inversión de 250 millones de dólares en la región para explotar oro y plata.

Y ahora están por concluir la construcción de sus instalaciones para iniciar la explotación.

Para poderlo hacer habían acordado con el ejido de la región un contrato de usufructo con el cual se comprometen a pagar directamente a los ejidatarios 67 millones de pesos y 57 millones de pesos en obras de infraestructura a favor del ejido. El problema vino cuando la directiva ejidal cambió y, con dicho cambio, también se pidió la revisión de las condiciones del contrato. Y ahora están solicitando dos mil millones de pesos, es decir 25% de las ganancias de la mina.

Es una cifra muy fuerte. Y conste: desde luego las minas canadienses deben invertir en mejorar la región, ser compatibles con el cuidado del medio ambiente y mejorar las condiciones de los habitantes del ejido, pero por lo elevado de la cifra exigida por el ejido parece que están existiendo otro tipo de consideraciones. Mientras tanto, la minera canadiense ya solicitó ayuda a la Cámara de Comercio de Canadá, así como a su embajada. El tema sigue creciendo.

Cemex sigue sin informar bien al mercado. Y casi todo se sabe por el gobierno venezolano, que primero mediante su presidente, Hugo Chávez, buscó de una forma irónica criticar a los ejecutivos de la cementera regiomontana por saber hablar inglés, lo cual, sinceramente, es una acusación ridícula.

Después, el vicepresidente de Venezuela, Ramón Carrizales, de una forma mucho más coherente, habló de 60 días para negociar el pago de indemnización a Cemex por haber expropiado sus activos.

La cementera a cargo de Lorenzo Zambrano lo único que logró mencionar en un escueto comunicado fue que acudiría al arbitraje internacional, aquel mediante el cual Exxon perdió frente al gobierno venezolano. Y este lunes, bajo este difícil contexto, reinician pláticas un equipo de Cemex en Caracas con el vicepresidente Carrizales.