Tal como se esperaba, el general Pervez Musharraf, jefe del Estado de Pakistán desde el golpe militar en 1999, informó públicamente su renuncia “por el interés del país”, pero, sobre todo, para evitar el proceso de destitución que ya tenía previsto iniciar el Parlamento de la actual coalición gubernamental. En un largo y emotivo discurso, el ex jefe del ejército confirmó su renuncia para evitar mayores enfrentamientos, “aunque no temo a ninguno de los cargos en mi contra”.

Su retiro abre una página en blanco en Pakistán, potencia mundial estratégicamente situada en una de las zonas más conflictivas del mundo. Durante nueve años Musharraf ha querido jugar la carta del aliado imprescindible para Occidente, pero en más ocasiones de las que él reconoce ha apostado también por sus enemigos, sea porque sus servicios secretos actuaban a sus espaldas o porque obedecían órdenes. Deja un país dividido, con débiles fuerzas democráticas que precariamente han conseguido llegar al poder y una sociedad minada por el extremismo islámico que ha florecido gracias al error de permitir la proliferación de las madrazas, donde se difunden las teorías que alimentan a terroristas en numerosos lugares del mundo.

Su dimisión la veían ya como un hecho los dos principales grupos de la frágil coalición gobernante: el Partido Popular de Pakistán (PPP), al que perteneció la asesinada Benazir Bhutto, y la Liga Musulmana, del que fuera ex primer ministro Nawaz Sharif. Éstos amenazaron con abrir en el Parlamento un proceso para la sustitución de Musharraf por violentar la Constitución y, presuntamente, desviar fondos de la ayuda estadunidense.

El nuevo cargo de presidente fue asumido de manera provisional tal como lo prevé la Constitución por Mohamadmian Sumro, quien sustenta el cargo de presidente del Senado. Según la Carta Magna, el nuevo jefe de Estado debe ser elegido por el Pleno del Parlamento, en una sesión que debe celebrarse en uno o dos meses.

Sin esperar más, la lucha por el poder se ha desatado y ha sido el islamista Nawaz Sharif, líder de la segunda fuerza del país y que sufrió el golpe de Estado que llevó al poder al general Musharraf, quien ha anunciado que este proceso empezará en los próximos días. Se enfrenta a Alí Zardari, esposo de la asesinada Benazir Bhutto, quien cuenta con la supremacía del Parlamento, pero no así en el Senado. Con esta política, el gobierno pretende afianzar su transición hacia la democracia. La realidad es que Pakistán se adentra en un proceso desconocido para su frágil estructura de gobierno.

Los ciudadanos protestan por los constantes cortes de luz, la imparable inflación 25% en lo que va del año, y las sombrías perspectivas económicas del futuro que, según los expertos, explicarían las fugas de capitales. Analistas estadunidenses y occidentales se quejan, en cambio, de la falta de progreso en la lucha contra el terrorismo islámico, que explicaría la fortaleza de la insurgencia talibán en Afganistán, merced a sus santuarios paquistaníes.

Al final, Musharraf se ha encontrado totalmente solo, a pesar de haber vivido uno de los mayores desafíos históricos de su país: apoyar a Washington en su lucha contra el terror y a la vez intentar controlar a los elementos más subversivos vinculados con el servicio secreto paquistaní, el ISI, infestado por el islamismo radical. Esta política estuvo a punto de costarle la vida en tres ocasiones.

El gobierno de George W. Bush, con preocupación, vio marcharse a uno de sus más firmes aliados en la guerra contra Al-Qaeda. Dejó entrever que duplicará la ayuda que destina a dicho país, con el objeto de poner freno al incremento del terrorismo y darle mayor apoyo al pueblo en sus urgentes necesidades.