Al momento de escribir estas líneas aún no concluye el Consejo Nacional de Seguridad Pública. Lo que hemos visto hasta ahora confirma lo que se podía prever: no ha sido, no podía serlo, un suceso que pusiera un antes y un después en la lucha contra la inseguridad, pero tampoco ha sido, sólo, una competencia de discursos, aunque es imposible esconder los protagonismos de muchos de los actores principales.

En todo caso, por encima de los acuerdos alcanzados, existen elementos que no se pueden obviar: uno de los aspectos centrales es definir la obligatoriedad de los convenios para todos los que los suscriban. Los estados recibirán, a partir de los acuerdos de ayer, mayores atribuciones y responsabilidades. Como se acordó, tendrán que tener plazos para su cumplimiento, pero debe quedar en claro que ello será una obligación política y, de no cumplirse con los mismos, habrá costos que vayan más allá de la sanción moral o de la denuncia periodística.

Porque es un error concebir la crisis de la seguridad, según algunos lo sostuvieron, antes y durante la reunión, como un fracaso exclusivo del gobierno federal. Lo cierto es que, desde inicios de los años ochenta, se descuidó sistemáticamente la seguridad pública: se deterioró en la segunda mitad de López Portillo; prosiguió, con otro equipo para su operación, en el gobierno de Miguel de la Madrid; continuó deteriorándose con Carlos Salinas y 1993-94 fue la mejor demostración de ello; creció en forma ininterrumpida durante el gobierno de Ernesto Zedillo y terminó siendo mucho más preocupante aún durante la administración de Vicente Fox. Felipe Calderón tomó el gobierno, el primero de diciembre de 2006. en una situación crítica para la seguridad: por lo menos ocho estados se encontraban bajo un control virtual del narcotráfico, se había iniciado ya un periodo de violencia que se mantiene hasta hoy y muchas de las fuerzas policiacas de los estados y de los municipios estaban a la orden de los delincuentes, con gobernantes atrincherados en sus oficinas y sin deseos de participar en la lucha por recuperar la seguridad y el control de sus entidades.

Fue entonces cuando se tuvieron que lanzar los operativos que lograron recuperar espacios importantes. Sin embargo, no fue suficiente y no lo fue porque, por encima de errores o defectos de implementación, que los hubo y los hay, no existió un esfuerzo equilibrado de todas las instancias del Estado mexicano, a lo que se sumó la negligente actitud política de algunos mandatarios de no reconocer a las instituciones del Estado del que ellos forman parte. Y también porque, ante las dificultades, muchas autoridades locales consideraron más fácil dejar en manos del gobierno federal un proceso en el que imperaba más el temor que la responsabilidad.

¿En qué falló entonces el gobierno federal? Sobre todo en un punto: en los mecanismos institucionales internos de cooperación y en los instrumentos de gobernabilidad que los hicieran eficientes. Una demostración de ello fueron las divergencias entre las fuerzas policiacas federales y las militares, o una decisión que se trató de subsanar apenas esta semana, con la confirmación de que la Agencia Federal de Investigación sigue dependiendo de la PGR. Y no es que la idea de una policía centralizada fuera mala: el hecho es que, con las reformas aprobadas, ello terminó sin el suficiente sustento legal y, en vez de aumentar la eficiencia, lo que se incrementó, en ese aspecto, fue la confusión.

En todo caso se debería asumir que esta crisis de seguridad corre en forma simultánea con el inicio de un proceso electoral particularmente complejo, con la renovación del Congreso, seis gubernaturas, varias elecciones intermedias, entre ellas las del DF y el Estado de México. Como ya lo hemos podido comprobar, los partidos han iniciado el camino hacia los comicios y la confrontación dificultará los acuerdos: en todo caso, dependerá sobre todo del PAN y del PRI (e incluso del ala moderada del PRD) no sumar a la crisis de seguridad una crisis política. O, en otras palabras, no utilizar la seguridad como un argumento electoral, porque en ese sentido todos saldrán perdiendo. Ejemplos sobran: el Ejecutivo federal tiene, sin duda, responsabilidades, pero es innegable que en el DF y el resto del área metropolitana se dan 60% de los secuestros y ahí gobiernan el PRD, pero también el PRI y, en diversos municipios, el PAN. En ningún estado hay más asesinatos que en Chihuahua y ahí gobierna el PRI, como en Sinaloa, mientras que son perredistas las autoridades de Michoacán y Guerrero, en tanto que las panistas en Jalisco o Guanajuato, son ámbitos con una fuerte presencia de delincuentes. Si los partidos recurren al argumento de la inseguridad como arma electoral, lo único que van a ganar será una caída aún mayor de los grados de aceptación para todos ellos.

Pero no se trata sólo de inseguridad y política. La economía también juega un papel: según una encuesta de Roy Campos, que se dio a conocer en un encuentro de México Unido Contra la Delincuencia esta semana, la mayor preocupación de la población, a nivel nacional, sigue siendo la situación económica, por encima incluso de la inseguridad. Y, de la mano con ello, el índice de confianza del consumidor es el más bajo desde cuando éste comenzó a ser medido hace ya varios años. Si se suma la desconfianza económica al miedo generado por la inseguridad y a la falta de credibilidad originada por los políticos, tendremos una crisis potencial que va mucho más allá de los acuerdos del Consejo. Evitar esa confluencia crítica es el verdadero desafío que deberán enfrentar las autoridades que ayer se reunieron en Palacio Nacional. En otras palabras, lo que está en peligro es la gobernabilidad, tanto en el ámbito federal como en el local.