Cemex va a demandar al gobierno de Venezuela ante instancias internacionales, confirmó la empresa anoche.

Es lo mejor que puede hacer la compañía que preside Lorenzo Zambrano, al no recibir un trato adecuado para el pago de sus activos.

El lunes pasado Excélsior dio cuenta del anuncio del gobierno venezolano de concretar la nacionalización de la industria cementera. En esta decisión están implicadas, además, las empresas Lafarge y Holcim.

Ayer Cemex calificó la confiscación y el posterior inicio del procedimiento de expropiación como una violación flagrante a la Constitución, Ley de Expropiación y otras leyes de Venezuela, además de no respetar los principios del Derecho Internacional y los tratados para la protección recíproca de inversiones.

La empresa opera en más de 50 países y es el mayor productor en Venezuela. La firma mexicana exigía mil 300 millones de dólares de compensación por sus activos, una suma considerada muy alta por Caracas, que el martes los estimó en unos 400 millones de dólares.

Hay que destacar que la oferta presentada a Cemex es menor, proporcionalmente, a lo ofrecido a las empresas europeas, considerando índices de valor por tonelada de capacidad instalada y múltiplos de EBITDA (ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización).

Hay que esperar, porque esta historia tendrá un largo recorrido.