Hacía meses que los días del presidente paquistaní Pervez Musharraf en su cargo estaban contados, por lo que su renuncia el 18 de agosto, no tomó por sorpresa a nadie. Desde el asesinato de su principal rival político, la ex primer ministra Benazir Butto, a finales de 2007 y del arrollador triunfo de la oposición en las elecciones legislativas de febrero pasado, era claro que el general se había quedado sin apoyos internos para sostener su gobierno. Inclusive el ejército, su lugar de origen y principal fuente de apoyo durante casi diez años en el poder, lo dejó solo frente a la amenaza por parte del Parlamento de abrir un proceso en su contra por violaciones a la Constitución y el desvío de fondos de la ayuda estadunidense.

Tampoco la administración Bush, su principal aliado externo, metió las manos por él, pues se había convertido en una pieza políticamente incómoda de cara a las elecciones de noviembre y cada vez más ineficaz en la lucha contra el terrorismo. Las críticas en Estados Unidos a Bush-arraf, como lo se le conoce popularmente en Pakistán, se arreciaron este año a raíz de que una investigación del Congreso reveló que más de la mitad de los diez mil millones de dólares de ayuda para modernizar al ejército paquistaní nunca llegaron a su destino.

Musharraf espera con su renuncia obtener garantías de inmunidad. Sin embargo, lo que está en juego no es el destino político de un hombre sino el futuro de la transición democrática y la gobernabilidad en un país clave para la estabilidad mundial. Pakistán no sólo es el único país musulmán con poderío nuclear sino que además se ha convertido en el territorio de refugio más importante de los talibanes y miembros de Al-Qaeda después de la ofensiva militar internacional en Afganistán. La zonas tribales del norte del país en la frontera con Afganistán es un territorio en guerra donde más de 100 mil soldados desplegados llevan a cabo operaciones militares en forma continua. El efecto colateral ha sido el desplazamiento de más de 50 mil civiles que se han visto forzados a salir de su lugar de origen.

La mayor preocupación internacional es que la situación de transición política en Pakistán se alargue demasiado generando condiciones favorables para una escalada de la violencia en Afganistán e India. India tiene un largo conflicto territorial con Pakistán en la región de Cachemira, donde grupos musulmanes separatistas armados han contado en el pasado con apoyo logístico y financiero por parte de Pakistán. Es posible que la situación de dispersión del poder que genera la salida de Musharraf pueda ser vista por los movimientos más extremistas en la zona como una oportunidad para avanzar sus posiciones en el frente militar.

Se abre una etapa de incertidumbre que genera riesgos y oportunidades. Con la salida de Musharraf se da inicio a un proceso de transición política y democratización cuyo desenlace es aún incierto. Hay en el horizonte una ventana de oportunidad para avanzar en un acuerdo político entre las fuerzas políticas que forzaron la renuncia del general que permita construir un gobierno civil de coalición. Sin embargo, también existe el riesgo de que el Partido Popular de Paquistán (PPP) y la Liga Musulmana Paquistaní se enfrasquen en una disputa por el poder que podría ser desastrosa para el país.

En el futuro inmediato, la gran pregunta es, ¿cómo habrá de resolver la colación que controla el Congreso paquistaní el tema de la sucesión en los próximos 30 días? No es previsible que Estados Unidos vaya a desempeñar ningún papel importante en este proceso antes del cambio de administración, lo que abre una oportunidad de oro para que las fuerzas políticas pakistaníes definan el futuro del país sin injerencias externas.