Mañana será la reunión del Consejo Nacional de Seguridad Pública. Allí estarán, deberán estar, el presidente Calderón, los miembros de su gabinete relacionados con el área de seguridad y todos los gobernadores, incluido además el jefe de Gobierno del DF. La agenda de decisiones a tomar debe ser muy concreta y en buena medida ya fue planteada desde la semana pasada por México Unido Contra la Delincuencia. Pero el problema central, toral, para comenzar, debe pasar por dos puntos: la depuración y la centralización policial y la labor de los ministerios públicos, el federal y los locales. Todo lo demás es importante: el observatorio ciudadano, las modificaciones legales, el aumento de las penas, los nuevos penales. Pero sin recuperar a las policías y sin hacer cumplir las leyes, todo el resto terminará siendo accesorio.

El tema de las policías sigue constituyendo el problema central. Y si bien en la lucha partidaria se insiste en que es del orden del gobierno federal, lo cierto es que esa instancia resulta parte del problema, sin duda, pero la responsabilidad de los estados y de los municipios se vuelve enorme. Puede suceder que el gobierno federal se haya equivocado de estrategia o que ésta haya sido incompleta o no se haya podido implementar efectivamente, sin embargo, la mayoría de los gobiernos estatales lisa y llanamente han renunciado a ejercer su obligación de garantizar la seguridad y se han limitado a pedir mayor ayuda y más recursos a la Federación en lugar de asumir sus respectivas responsabilidades. El hecho, el dato duro, es que cerca de 98% de todas las policías del país son estatales o municipales y un porcentaje similar de delitos son del ámbito local y de todos esos terminan siendo castigados apenas entre uno y dos por ciento. Hay unas mil 600 corporaciones policiales con uniformes diferentes, equipos distintos, armamento diverso, mandos diferentes, sin conexión de información e inteligencia, en muchas ocasiones dentro de una misma ciudad o municipio. Y la mayoría de los gobernadores y de los presidentes municipales simplemente se han lavado las manos y no han participado activamente en el proceso de depuración de sus policías y de ser parte de una estrategia global de combate al crimen. Incluso no han usado recursos públicos con tal de no someterse a algún tipo de control de sus policías. Es verdad que el gobierno federal ha tenido confusión, ha enviado señales cruzadas y además, con su política de operativos (desde el punto de vista del narcotráfico y como se daba la situación en diciembre de 2008, una decisión acertada y necesaria), pudo haber coadyuvado a que los gobiernos locales tomaran distancia del federal y no existiera una estrategia articulada. También es verdad que no queda claro cuándo y en qué interviene la Policía Federal, si la AFI depende o no de la PGR (en los hechos, no), y cuándo y cómo deben actuar el Ejército y la Marina. Pero a eso se le debe sumar el caos policial, la superposición de tareas, la competencia, la corrupción registrada en las policías locales.

El tema de las policías es técnico, por supuesto, y debe pasar por la depuración y la centralización, sin embargo, debe ser entendido y abordado como un tema central para la gobernabilidad del país. Insistimos en un punto: si no se comprende que la seguridad depende de la política y, de ésta, la gobernabilidad, estaremos, como sociedad y país, haciendo un esfuerzo inútil o de corto plazo. La depuración y la centralización deberán ir de la mano con el otorgamiento de mayores atribuciones a ciertas fuerzas de seguridad y, por ende, de un mucho mayor control y responsabilidad de las respectivas autoridades, de los diversos niveles, en el accionar de sus policías.

Por supuesto que debe haber un observatorio, un control ciudadano, pero el Estado tiene que hacerse responsable de garantizar la seguridad, no descargarla en la ciudadanía.

El tema del Ministerio Público resulta clave: es verdad que existen reformas que ya se han aprobado, pero el plazo de implementación es demasiado largo. El Ministerio Público debe perder el monopolio de la investigación y convertirse en una suerte de fiscalía y ello debe avanzar, rápidamente, no en ocho años, con la implementación de juicios orales, la simplificación de las penas y los procesos y la depuración y mayor eficiencia policial.

Si en el Consejo de Seguridad de mañana, como en la marcha del sábado 30 y en otras acciones civiles o gubernamentales, se amplía una y otra vez la agenda de las cosas que se deben hacer en el ámbito de la seguridad, se estará equivocando el camino: debe haber una agenda específica, con temas concretos, pocos y verificables en el corto plazo. Y a partir de allí ir construyendo lo demás. Lo que sí debe quedar claro es la estrategia y los principios: se le puede llamar como se quiera, desde tolerancia cero hasta lucha cultural contra el crimen, pero ciertamente, las que no pueden seguir son la impunidad y la ruptura de las reglas.

Y éstas no pasan sólo por la delincuencia común o la organizada. Existe, sobre todo en la Ciudad de México y el área metropolitana, pero también en el resto del país, una cultura de la ilegalidad que fomenta y sustenta la inseguridad. Si se puede bloquear una calle, se pueden tomar oficinas públicas o privadas, transitar con vehículos privados o de transporte público, sin papeles; si se puede invadir terrenos o propiedades con complicidad oficial; si se construyen carreteras que no van a ningún lado; obras públicas que nunca se concluyen; cuando se distribuye dinero público sin siquiera un padrón de beneficiario y no sucede nada; si para los amigos hay justicia y gracia y en el caso de los enemigos la justicia a secas, será muy difícil avanzar luego de esos primeros pasos. Ahí está el verdadero desafío: pasa por la legalidad y la gobernabilidad del país y de la sociedad.