A Miguel Ángel Granados Chapa y Alfredo Rivera, por su libre ejercicio de la crítica.

El viernes pasado tres nuevos consejeros electorales del IFE tomaron posesión en la renovación escalonada del Instituto. Uno de ellos, Francisco Guerrero, según han divulgado varios medios, es militante activo del PRI (incondicional de Emilio Gamboa, dicen quienes lo conocen). Al ser interrogado al respecto, Guerrero afirmó: “No niego mi trayectoria política, todos los diputados con los que platiqué saben de mi origen y trayectoria” (13/Jul/08). No cabe la sorpresa. No es la primera vez que ocurre ni será la última, en tanto no cambien los requisitos legales que deben cumplir los consejeros del IFE. Aun cuando en 1996 el IFE cobró mayor autonomía, hubo al menos un caso similar: el consejero José Barragán, irónicamente propuesto por el PRD (por Cuauhtémoc Cárdenas, en particular), era militante activo del PRI y así lo aceptó públicamente (y sus decisiones en efecto correspondieron, en su gran mayoría, a los intereses y las posturas del tricolor). Más tarde, al renovarse el Consejo General en 2003, hubo dos casos de militancia activa: la de Luis Carlos Ugalde (que prefirió negar su larga trayectoria en el PRI, pero de inmediato fue exhibido por la prensa como un engañador) y la de Virgilio Andrade —que será consejero hasta 2010— quien al menos tuvo la honestidad de reconocer su militancia y de advertir, además, que no renunciaría a ella.

Y es que el Cofipe, en efecto, no prohíbe que se designe como consejeros a militantes en activo, sino a quienes, en los años previos, hayan sido dirigentes o candidatos de un partido. Hay ahí una deficiencia lógica en la ley electoral (una más). Eso, porque siendo el IFE el árbitro administrativo de las elecciones, resulta elemental que estuviera formado por personas no afiliadas a ninguno de los contendientes. La ley supone que quienes recientemente han sido candidatos o dirigentes tendrán mayor propensión a comportarse parcialmente que quienes son militantes de la tropa. ¿De verdad así es? Quienes militan en cualquier partido saben que hay candidatos y dirigentes menos comprometidos que muchos miembros añejos que, por no tener un cargo de elección popular o de dirigencia en ese momento, no dejan de mostrar un gran compromiso, gratitud y lealtad hacia su partido. Y, desde luego, alimentan expectativas para continuar una promisoria carrera dentro de su instituto político, con lo cual los incentivos para favorecer al partido en cuestión pueden ser sumamente fuertes. Podría haber también en esto una inconstitucionalidad del Cofipe. Si el artículo 41 de la Carta Magna habla de que el Consejo General y sus integrantes deben ser imparciales (uno de los ejes rectores del sistema electoral), por definición no es posible serlo si se pertenece a un partido (ser parcial, significa tomar partido). Por lo cual, a querer o no, se es juez y parte en la justa. Se podrá decir, con razón, que no es necesario ser un militante activo para tomar decisiones desde el Consejo del IFE que favorezcan a un partido en especial y más probablemente a aquel que promovió a cada consejero. Ejemplos de ello sobran. Y eso se debe a que los partidos en general proponen como consejeros a gente afín a su causa, a través del desgastado pero vigente mecanismo de cuotas.

Por lo cual, en realidad la solución de fondo no sería reformar el Cofipe estableciendo como requisito para ser consejero no haber militado en un partido en los últimos años. El problema, a final de cuentas, radica en que sigan siendo los partidos los que nombren a los consejeros. ¿Cómo pueden los ciudadanos confiar en un IFE designado por los partidos, cuando se ha visto de sobra que eso tiende a traducirse en comportamientos parciales (salvo honrosas excepciones)? Por eso, una encuesta nacional encargada por el IFE (a la firma Parametría) reflejaba una reducción —entre mayo y septiembre de 2006— de 20% en la confianza que el Instituto inspiraba a los ciudadanos. Además, en mayo, 72% pensaba que el IFE no favorecería a ningún partido y en septiembre sólo 54% pensaba lo mismo. Y una encuesta telefónica de Gea–Isa, realizada luego del primer relevo de los consejeros (febrero de 2008), reportaba que 46% pensaba que responderían “más a los intereses de los legisladores que los eligieron”. Los partidos no midieron el tamaño de la crisis en la que cayó el IFE entre 2003 y 2006, y hacer una reforma de fondo a esa gigantesca y cara institución (que ni siquiera fue capaz de construir un consenso electoral en 2006, objetivo mínimo indispensable de cualquier elección democrática). Esa crisis no movió a los partidos a cambiar de fondo las reglas para configurar al Consejo General —salvo darle un barniz de “consulta amplia”— y mucho menos renunciar al privilegio de designar a los consejeros. Ese cambio vendrá, si acaso, cuando las autoridades electorales alcancen niveles de credibilidad parecidos a los que ostentan los partidos y los legisladores (es decir, inferiores al que incluso tiene la policía, que ya es decir).

Por lo pronto, ha afirmado el nuevo consejero Francisco Guerrero: “Sólo pido que se me juzgue con base en las votaciones que voy a llevar a cabo en el Consejo General del IFE” (13/Jul/08). En efecto, lo importante es la imparcialidad que muestren los consejeros, al margen de cuál partido los promovió. Ante ello, un excelente ejercicio de observación consiste en registrar el voto de cada consejero cada vez que aflore un tema en el que con claridad haya posturas antagónicas entre dos o más partidos. El número de veces que cada consejero respalde la postura del partido que lo propuso puede arrojar alguna luz acerca del grado de parcialidad o imparcialidad que prevalecerá en el Consejo General del IFE el próximo año.