Bienvenida la nueva marcha ciudadana en favor de la seguridad pública. Pero existe el riesgo de que arroje resultados más simbólicos que reales o que los avances que suscite lo sean sólo por poco tiempo. Eso, de no tomarse medidas profundas de cambio (y no hablo de la pena de muerte). De lo contrario, en cuatro años (o menos tiempo) se tendrá que organizar otra marcha más. Lo surrealista del asunto (en este país no puede faltar algún elemento de ese tipo) es que las autoridades, contra las que se levanta el reclamo, se unan a él, dejando vacío el foco de la exigencia.

Si las autoridades a las que se exige tomar medidas contra la delincuencia se suman al clamor ciudadano, incluso desde la plaza pública, entonando consignas y quizás enarbolando mantas, ¿quién recibirá la protesta? Pues nadie. A menos que la marcha tuviera como destinatario al crimen organizado, a quien se le estaría solicitando —amablemente o no— que ya deje en paz a los ciudadanos, que haga un acto de contrición y regrese al camino del bien. En cuyo caso, se puede dar por adelantado el absoluto fracaso de esa nueva expresión de indignación ciudadana. Por lo cual, independientemente de cuántos asistan a esa marcha, de no tomarse medidas estructurales que trasciendan la elevación de las penas contra el crimen, las cosas no avanzarán. La politización del tema no ayuda gran cosa, como cuando Felipe Calderón reclama al gobierno capitalino la falta de cooperación por resentimientos político-electorales, pues ello obliga a recordar que el Sistema Nacional de Seguridad Pública se ofrendó al equipo de Elba Esther Gordillo, justo para pagar favores hechos durante los comicios de 2006. Es decir, también Calderón participa en el juego de subordinar la seguridad pública a sus intereses político-electorales. Pero por esa vía no llegaremos muy lejos.

Y es por eso que debe tomarse en cuenta, explorarse a fondo y discutirse en serio la propuesta que ha hecho Jorge Castañeda en una reciente colaboración periodística (23/Ago), pero que viene de más atrás, de cuando era aspirante a la Presidencia. En aquel entonces, Castañeda propuso “el establecimiento de las condiciones legales y políticas para que exista un claro dominio, o incluso exclusividad, de la policía nacional, por encima de las estatales y las municipales, sustituyéndolas plenamente… Eso cuesta mucho dinero… pero lo que la gente quiere es una policía que pueda ejercer sus funciones sobre la totalidad del territorio nacional” (Somos muchos, 2004).

Me parece absolutamente claro que la fragmentación policial entre estados y municipios diluye su responsabilidad y la capacidad gubernamental de meter bajo control a esos cuerpos, cómplices y partícipes del delito. En este punto, el federalismo se convierte en un problema, más que en una solución, pues fomenta la duplicación de esfuerzos, la descoordinación entre corporaciones, el deslinde de responsabilidades culpando a otras dependencias y la vulnerabilidad de los cuerpos policiacos frente a las amenazas y la corrupción. En este tema —y me temo que en muchos otros— los estados deben ceder parte de su soberanía al gobierno federal en aras de la eficiencia nacional. Al respecto, escribía Castañeda: “(En Latinoamérica) Sólo México reprodujo de alguna manera esta versión norteamericana de las policías estatales y municipales, cuando en nuestro país lo que existe es un falso federalismo; es decir, tenemos lo peor de ambos mundos. Nuestros estados y municipios no tienen los recursos, no tienen la fuerza política, no tienen nada de lo que caracteriza a estas entidades en un auténtico régimen federal. México es un país altamente centralizado de toda la vida, pero paradójicamente el federalismo formal y ficticio impide la centralización formal y legal… Lo que no funciona son las ficciones: en nuestro país no funciona la ficción federalista”. Y remata: “Para propiciar este ascendiente político-jurídico de la policía nacional tiene que ocurrir una federalización de la mayoría de los delitos, y por lo tanto, una unificación del Código Penal y de los códigos de procedimientos. Sin esta unificación se seguirá teniendo un caos legal en el país”. Coincido plenamente.

De hecho, también Vicente Fox planteó reformas en ese sentido, al apuntar durante su campaña: “El problema de la seguridad pública y de la procuración e impartición de justicia, más que de leyes es de impunidad, de ineficacia… Entendemos que ninguna reforma legal podrá, por sí misma, desalentar a los criminales mientras no se incremente la eficacia de los medios de persecución que ofrece la autoridad… Aspiro a un país donde los ciudadanos tengamos confianza en la procuración de justicia y en el cual las familias vivan en paz y duerman tranquilas, sabiendo que su gobierno vela por su seguridad. Ya no caben las ineptitudes, la corrupción o el encubrimiento… Únicamente depurando las corporaciones policíacas, el ciudadano verá en la denuncia una estrategia viable para la reducción de la delincuencia” (A Los Pinos, 1999). Castañeda recuerda que Fox planteó en efecto una reforma parecida (a la suya) durante el periodo de transición, “pero como tantas otras cosas, se quedó en el camino y seguimos en el mismo desorden”. Sin embargo, más allá del fiasco que representó el foxismo, la propuesta de concentrar un mando policiaco único en el plano federal debiera explorarse con seriedad en una situación de extrema emergencia como la que atraviesa el país.

Coincido, pues, con Castañeda, en que de poco sirve la soberanía retórica de los estados cuando la seguridad y la integridad de los ciudadanos de carne y hueso en cada entidad federativa pende de un hilo.